Fiscalía cuadruplica sus investigaciones urbanísticas y ambientales en 2015

Durante 2015 el número de investigaciones que emprendió la Fiscalía en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico ha experimentado un incremento del 225%, pasando de las 44 actuaciones de 2014 a las 143 registradas al año siguiente, tal y como recoge el informe anual presentado por la Fiscalía de Medio Ambiente. La mayoría de estas investigaciones "sigue centrándose" en los delitos contra la ordenación del territorio.

Según el informe, las construcciones irregulares en la provincia han aumentado de forma considerable en el último año. "La ordenación del territorio continúa siendo el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de la urbanización ilegal aislada como de la realizada de manera masiva, omitiendo en cualquier caso el acatamiento a la normativa", dice la memoria de 2015.

La fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, destaca que "se ha roto la tendencia hacia una reducción de la actividad edificadora ilegal", a diferencia de años anteriores, cuando se apreció una bajada de la misma.

En este punto, el balance anual cita varios procedimientos incoados en la provincia, por ejemplo, el conocido como 'operación obra nueva' en Chiclana, en el que se investiga una amplia trama de delincuencia urbanística y cuya dimensión ha obligado a desglosar la causa en varias piezas. Además se mencionan los procesos judiciales que tienen por objeto las construcciones levantadas en suelos no urbanizables "especialmente protegidos". Así, según la Fiscalía del Área de Algeciras, en la zona de Tarifa, dentro del Parque Natural del Estrecho, o bien en la zona de Los Barrios-Castellar-Jimena, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, también se han abierto investigaciones por edificaciones realizadas en la zona delimitada como cañada real, es decir, en vía pecuaria.

La fiscal de Medio Ambiente apunta en su resumen anual que todas estas construcciones han sido previamente objeto de un procedimiento disciplinario abierto por el Ayuntamiento correspondiente o por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, "observándose la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas en estos casos", pues son "incumplidas" la mayoría de las veces, "dando lugar en el ámbito penal a una condena por falta de desobediencia".

En las investigaciones judiciales a veces se han detectado levantamientos irregulares que ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador por parte de corporación local. "Las razones aducidas por los ayuntamientos para no haber aplicado la Ley en este sentido es el exceso de trabajo", expone la memoria fiscal.

"La experiencia nos ha demostrado que ha sido la aplicación del Derecho Penal la que ha evitado el efecto llamada en lo que a construir ilegalmente se refiere, ya que ha pesado en la mente del ciudadano el temor a una denuncia. Sin embargo, sigue siendo ineficaz no haber conseguido que cualquier condena por este tipo delictivo (recogido en el artículo 319 del Código Penal) dé lugar necesariamente a la demolición con carácter obligatorio", explica Patricia Navarro.

La fiscal responsable de Medio Ambiente califica de "especialmente lamentable" la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia firme. "En el seno de las ejecutorias se efectúan varios requerimientos al penado, quien primero se hace el sordo y, ante la insistencia del juzgado encargado de la ejecución, suele aducir motivos de insuficiencia económica para llevar a cabo el derribo decretado". Según Fiscalía, esa misma actitud reacia, "la misma desidia", se observa en los ayuntamientos cuando subsidiariamente deben proceder a la demolición. "Estos terminan alegando insuficiencia presupuestaria, o bien que el concurso de adjudicación de las obras resulta desierto cuando, de conformidad con la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas y dada la cuantía de las obras de derribo, no sería necesario acudir a este procedimiento externo, sino que podría verificarse por los propios servicios municipales". Para la fiscal especializada en Medio Ambiente se trata de "otro giro de tuerca más de ciertos ayuntamientos de la provincia que se vienen revelando como un factor criminógeno de peso en este tipo de conductas". De esta forma, "el particular sabe que cuenta con la tolerancia, en ocasiones muy activa, del propio consistorio".

En el año 2015 se han celebrado 42 juicios en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico. De estos, 37 versaban sobre delitos contra la ordenación del territorio, habiendo recaído 33 sentencias condenatorias frente a las cuatro en que se acordaba la absolución.

En este punto, el Ministerio Público destaca en su balance anual que las demoliciones constituyen "su principal caballo de batalla". Y subraya: "Ninguna sentencia que contenga la condena a demoler es sencilla ni ágil ni presenta celeridad. Quizás por ello aún existen más de 70 pronunciamientos pendientes de ejecución que, en algunos casos, datan del año 2008".

En año pasado se llevaron a cabo menos demoliciones, según la fiscal, "por la aplicación desigual" del artículo 319 del Código Penal que obliga al comiso del bien; y por "la negativa tendencia" por parte de los juzgados a condenar "por meras faltas de desobediencia" el incumplimiento de la orden de paralización de obras, siendo el argumento empleado el hecho de que no se haya realizado la notificación "más de una vez" o considerar que la resolución "es demasiado técnica y difícil de entender" para el afectado. Y todo ello "con el respaldo de la Audiencia Provincial, que mantiene el criterio de que la condena por delito sólo cabría en los casos de incumplimientos reiterados y persistentes".

Fiscalía mantiene abierta la investigación por vertidos en el arroyo Chorreón y en el río Guadacorte, donde se han detectado fuertes olores y abundantes espumas de color blanco tras episodios de fuertes lluvias en los últimos años. Una empresa de tratamiento y depósito de residuos ha sido imputada por instalar una red de tuberías que permite el vertido directo al arroyo. La entidad ya ha adoptado las correspondientes medidas correctoras, si bien el procedimiento sigue adelante. También continúan en tramitación las diligencias por la colocación de bloques en la Bahía de Algeciras.