Facua denuncia irregularidades en el proceso de liberalización eléctrica

La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su preocupación porque el 1 de julio, cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas serán dados de alta, lo quieran o no, en comercializadoras cuyas tarifas y condiciones contractuales "resultan una incógnita".

Según Facua, con esas comercializadoras, los usuarios "no podrán acogerse al denominado bono social", que consiste en un descuento en la tarifa "si su potencia es de 2,2 kW o menos, todos los miembros de la familia están en paro o no alcanzan determinados niveles de renta".

Por ello, el portavoz de Facua , Rubén Sánchez, ha afirmado que existe una "discriminación acompañada de prácticas abusivas" de la que serán víctimas clientes de una parte de la más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en España.

En la provincia de Cádiz afecta a todos los municipios, pero en especial a 13: Algar, Setenil, Alcalá del Valle, Villamartín, Puerto Serrano, Algodonales, El Gastor, Olvera, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Conil, Cádiz y Puerto Real.

El responsable de los consumidores ha anunciado que la entidad ha denunciado estas "graves irregularidades en el proceso de liberalización eléctrica" ante las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Desde el 1 de julio, todos los usuarios domésticos con hasta 10 kW de potencia contratada con la tarifa regulada por el Gobierno deberían pasar a depender automáticamente de una empresa comercializadora que les seguirá aplicando una tarifa establecida por el Ministerio de Industria -la cual se denominará a partir de entonces Tarifa de Último Recurso, TUR-, con una subrogación de sus actuales condiciones contractuales.

Pero, ha comentado Sánchez, "alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España -Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa- no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso -que aplican la TUR-, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre".

Según el texto enviado a los usuarios, redactado por el Ministerio de Industria, antes del 1 de julio los usuarios "pueden pasarse a cualquier comercializadora de último recurso -tarifas fijadas por el Gobierno- o a una de las que operan con sus propias tarifas" ha explicado el portavoz de la organización.

Pero Facua ha comprobado que al llamar a los teléfonos de las cinco compañías que aplicarán la TUR, "las filiales de Endesa, Iberrola y Unión Fenosa niegan a los clientes de otras eléctricas la posibilidad de solicitar el alta antes del próximo 1 de julio", explica finalmente Rubén Sánchez.