"Expulsar al padre de un menor que vive en España es desmembrar la familia"

La Dirección General de Inmigración no está dispuesta a que Xavier, un niño español de un año, nacido en Algeciras, viva en España con su padre. Wilfredo fue expulsado a Bolivia hace ya once meses por carecer de documentación para residir en la Unión Europea. Desde entonces, Brenda, su madre, boliviana también, le saca adelante a duras penas, porque quien llevaba el salario a casa era él y ella no tiene empleo.

Esta es, para Xavier, la consecuencia de que este departamento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales haya rechazado una recomendación genérica del Defensor del Pueblo a la dirección general en la que le solicita que contemple la paternidad de hijos españoles por parte de progenitores extranjeros en situación irregular como circunstancias excepcionales, tal y como la consideran varias sentencias del Tribunal Supremo de 1997, 2003, 2005 y 2007. Y le pide que ordene a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno central que suspendan las órdenes de expulsión dictadas contra ellos y las conmuten por multas de 600 euros, tal y como establece la Ley de Extranjería. La petición viene respaldada, además de por la jurisprudencia del Supremo, por una cadena de sentencias dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo en varios puntos de España, la última del Número 1 de Huesca, del pasado 29 de febrero.

"Expulsar al padre de un niño español supone, si no se marcha con él, la desmembración de la familia", aseveró, en declaraciones a Diario de Cádiz, María Luisa Calvo de Llano, adjunta primera del Defensor del Pueblo. La institución ha recibido desde 2003 decenas de quejas por expulsiones similares a la del padre de Xavier. Cuatro de ellas fueron tramitadas y dictadas por la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, dos contra progenitores bolivianos y las otras dos, de nacionalidad colombiana. [Xavier es español de pleno derecho, y así consta en su dni y en su pasaporte, por dos razones: Primero, porque ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico del país andino garantizan la nacionalidad a los hijos de bolivianos nacidos más allá de sus fronteras. Segundo, porque la legislación española no admite que los niños alumbrados en territorio nacional sean apátridas].

Ante la negativa de la dirección general, la institución que encabeza Enrique Múgica elevó en febrero pasado la recomendación al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy en funciones, Jesús Caldera, informó María Luisa Calvo de Llano.

"Con estas expulsiones, entendemos que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, están actuando en contra del principio de proporcionalidad, aplicando la sanción más dura que contempla la Ley de Extranjería, que, en principio, establece multas contra el delito de estancia irregular", explicó la adjunta primera del Defensor del Pueblo.

Las sugerencias o recomendaciones de la institución en estos casos se remiten, además de a las sentencias antes mencionada, a la Ley de Protección Jurídica del Menor y, como no, al Código Civil, que establece las obligaciones ineludibles del padre y la madre a alimentar y educar a sus hijos, pero también a velar por ellos y tenerlos en su compañía, añadió la estrecha colaboradora de Enrique Múgica. "Hasta ahora los Tribunales nos vienen dando la razón", dijo la adjunta primera, "y esperamos que el ministro nos responda lo antes posible".

Las resoluciones en las que se impone la sanción de expulsión a padres de niños españoles son ejecutables inmediatamente. Sin embargo, la práctica de las comisarías es desigual en la provincia de Cádiz. La Red de Atención al Inmigrante valora el trabajo de las que, a la luz de la ley, no ejecutan estas órdenes. Sin embargo, algunas como las de Algeciras y La Línea las están haciendo cumplir. En enero pasado, la Comisaría de La Línea dio curso a la expulsión de un boliviano, padre de dos mellizos españoles, y abrió expediente de expulsión a su madre. Los abogados de la red mantienen rescursos contra las dos resoluciones. Además, se intentó la expulsión de otra madre de menor español, de padre también español. Tras una queja al Defensor del Pueblo, la madre quedó en libertad.