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Tribunales Cádiz

Elude la cárcel el ex coordinador de la Escuela Hípica de Rota que se apropió de más de 45.000 euros

  • El que fue trabajador municipal confiesa la malversación de caudales públicos y la Audiencia de Cádiz lo condena a dos años de prisión, una pena que ha quedado suspendida

Un instante de un concurso morfológico celebrado en la Escuela Municipal de Hípica de Rota.

Un instante de un concurso morfológico celebrado en la Escuela Municipal de Hípica de Rota. / B.B.

El que fue coordinador de la Escuela Municipal de Hípica de Rota ha sido condenado a dos años de prisión por apropiarse entre enero de 2014 y agosto de 2016 de 45.732,40 euros procedentes de las cuotas pagadas tanto por los alumnos de equitación como por los dueños de los caballos allí alojados.

En principio, estaba previsto que el ex trabajador municipal fuese juzgado este verano por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz, si bien evitó el juicio al confesar la malversación de caudales públicos llevada a cabo en las instalaciones hípicas, cuya gestión estaba asignada a Aguas de Rota Empresa Municipal (Aremsa).

Una vez que admitió los hechos en un acto de conformidad, fue condenado en firme a dos años de cárcel, una pena privativa de libertad que ha quedado suspendida por un periodo de tres años bajo la condición de que no vuelva a delinquir. Asimismo, ha sido inhabilitado para cualquier cargo o empleo púbico en una administración local, autonómica o estatal por seis años. 

Así, la sentencia condenatoria recoge como hechos probados que el que era coordinador de la Escuela Hípica Municipal de Rota estaba encargado del servicio con competencias para el cobro de los ingresos derivados de su explotación. En concreto, los ingresos procedían de las mensualidades abonadas por diversos alumnos por las clases de equitación que allí recibían, así como de los pagos realizados por los propietarios de caballos que los tenían alojados en el recinto hípico en régimen de pupilaje, explica la resolución judicial, que especifica que “estos ejemplares no eran utilizados por el centro para impartir clases, sino que permanecían estabulados en las dependencias municipales, donde se prestaban distintos servicios en función de los cuales los dueños abonaban una cuota mensual diferente”.

También ha quedado acreditado que las clases eran pagadas “en metálico” por los alumnos al monitor correspondiente, que les extendía un recibo en el que se reflejaba la cantidad entregada. De dicho recibo quedaba copia en los talonarios que se depositaban en la oficina de la escuela “bajo la custodia” del entonces coordinador, “quien a su vez recibía en mano las cantidades cobradas por los monitores”.

De otra parte, el responsable del complejo estableció un modo de proceder para aquellas ocasiones en las que él no estuviese presente en las instalaciones hípicas, que consistía en “dejar el dinero en un cajón de la oficina” para que luego fuese tomado por él.

En relación a las mensualidades satisfechas por los dueños de los caballos que se encontraban en las dependencias de la escuela en régimen de pupilaje, éstas eran entregadas también “en mano” por los propietarios de los ejemplares al ahora condenado “sin recibir a cambio justificante de pago o recibo alguno”.

Con base a esta exposición de hechos, está probado que en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2014 y agosto de 2016, con ánimo de lucrarse ilícitamente, el entonces coordinador se apropió de las cantidades percibidas en metálico en concepto de mensualidades de los alumnos, así como de los propietarios de los equinos por los servicios prestados en un montante de 45.732,40 euros, cantidad que incorporó a su esfera patrimonial.

Por último, precisa la sentencia, Aremsa, como parte perjudicada, ha hecho expresa reserva para emprender acciones civiles y poder acudir a los tribunales a reclamar los daños y perjuicios que estime convenientes derivados de la conducta del ex trabajador municipal. 

La sentencia recuerda que Aremsa es una sociedad municipal cuyo capital está totalmente suscrito y desembolsado desde el momento de su constitución por el Ayuntamiento de Rota, esto es, su capital procede íntegramente de las aportaciones dinerarias del órgano de gobierno local. 

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