La carrera contra el tiempo que supone conseguir, realmente, justicia y reparación para los familiares y víctimas de la represión franquista cuenta con un nuevo aliado que viene de la mano del Servicio de Memoria Histórica de Diputación de Cádiz. Un proyecto de recogida masiva de ADN que este lunes ha presentado la presidenta del organismo provincial, Irene García, y el arqueólogo Jesús Román, y que aspira a ser el primer paso en firme del ansiado banco genético estatal que tanto bien haría a la lucha por la memoria democrática.

Anhelos aparte, los responsables de la iniciativa han hablado de certezas, de la realidad de un proyecto que arrancará "en unas dos semanas" en la localidad de Villamartín -"simplemente porque es allí donde hemos recibido más solicitudes", aseguran- para recorrer "toda la provincia" en busca de las muestras biológicas de los familiares de "los 4.000 represaliados" que desde Diputación barajan que se encuentran "bajo las más de 130 fosas comunes" de nuestra provincia.  

"Siempre es mejor que estas pruebas se les haga a familiares de primer grado, a hijos y a hermanos, para que los resultados que se arrojen sean más fiables, por eso decimos que en esta labor luchamos contra el tiempo, porque hablamos de personas muy mayores", detalla "la urgencia" y, por tanto, "la importancia", de la recogida de muestras, cuyo destino será el laboratorio de la Universidad de Granada con el que la Junta de Andalucía tiene firmado el convenio de colaboración en materia de memoria. 

En este mismo centro, donde se harán los pertinentes estudios de los restos biológicos, se acumulan las muestras de las propias víctimas que "siempre" se han ido tomando parejo a los procesos de exhumación de las fosas, unos trabajos que han recibido en los últimos 20 años el decidido impulso de Diputación pero que, como lamenta Irene García, "sólo" han tenido como resultado la recuperación de "625 víctimas" por lo que, destaca, "queda un trabajo ingente por hacer". 

"Mucho trabajo que hay que hacer muy rápido", azuza la presidenta sobre un proyecto para que el que se destina "la, permítanme la expresión, ridiculez de algo más de 7.000 euros" y que "se ampliará" si es necesario para responder a la máxima cantidad de solicitudes de los familiares. "También -precisa Jesús Román- si hay personas que no residan en la provincia pero que saben que sus deudos están en la provincia de Cádiz, se pueden poner en contacto con nosotros y le haríamos las pruebas en la medida de lo posible".

"Este proyecto no es fácil que se haga, es pionero en Andalucía, el caso más parecido en España lo podemos encontrar en el País Vasco", ha incidido el arqueólogo que con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la que representa, irá "por los municipios" haciendo las pruebas, consistentes en una toma de muestra a través "de un método sencillo y no invasivo" como es un isopo bucal (muestra de saliva). También, ha recordado, los familiares se pueden poner en contacto con los responsables del proyecto para someterse a las prueba a través del teléfono 956240190 o del correo electrónico memoriahistoriaydemocratica@dipucadiz.es

Román también ha informado de que "en un principio muchos de los resultados de las pruebas se quedarán en Granada en una base de datos genética", por lo que "en un primer momento" no van a poder ser cotejados con los restos de las víctimas exhumadas hasta que no se cree ese esperado banco de ADN que es el futuro, que tiene que ser un futuro inmediato.

Continúan los procesos de exhumación 

Además de este nuevo proyecto genético dirigido a los familiares de las víctimas, Diputación Provincial continúa trabajando en la localización y exhumación de represaliados por la dictadura franquista en diferentes puntos de la provincia.

Así, Jesús Román recuerda que ya se ha trabajado en las fosas de El Bosque, Grazalema, El Marrufo, Paterna, Puerto Real, Arcos, Cádiz, Benamahoma, Setenil, Jimena y Trebujena, cuyos trabajos "acaban de concluir"; e informa que en este año están previstas las intervenciones en Villamartín, Bornos, San Roque, Castellar "y de forma continuada se sigue trabajando en San Fernando y Jerez", precisa Lucía Trujillo, responsable de Desarrollo Democrático de Diputación.

Con todo, el arqueólogo insiste en "la urgencia" de seguir trabajando puesto que, reconoce, están teniendo "muchos problemas" con la toma de muestras en las víctimas debido "a la degradación de restos óseos localizados" que en muchos casos "no permiten obtener la suficiente carga genética" para hacer una análisis. Obstáculo que se suma "a que muchos del los familiares directos han desaparecido".

Por ello, tanto el experto como García, ven crucial esta nueva iniciativa que Diputación ha puesto en marcha "porque si sabemos que para muchas personas la recuperación de sus familiares es un objetivo vital, también puedo asegurar que se ha convertido en objetivo vital para esta Diputación", se compromete la presidenta.

La "inacción" de la Junta de Andalucía

Según la presidenta de Diputación, a la batalla contra el tiempo que sostiene la Memoria Democrática, se suma en los últimos años la "inacción" en esta materia de la Junta de Andalucía que, asegura, "ha paralizado" todas las convocatorias públicas que tienen que con las asociaciones memorialistas, "de la misma manera que han desaparecido todas las colaboraciones públicas con otros organismos para promover este tipo de actuaciones, "que es algo que debe hacer por ley".

Este posicionamiento del Gobierno autonómica se debe, baraja García, "a un acuerdo con la ultraderecha" donde se consideró "que había que eliminar" todo este tipo de acciones en favor de la memoria democrática. "Se han quitado la careta, y la ultraderecha en este país y en Andalucía, donde no están dentro del reparto de consejerías pero sí forma parte del mantenimiento de este gobierno, han instado a Gobierno andaluz a eliminar todos los servicios de memoria, de hecho, recordemos que para ellos este trabajo de devolver la dignidad a estas familias que perdieron todo se llama chiringuitos", ha lamentado.