La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un año más el Programa contra la Pobreza Energética, con el que garantiza que a ninguna familia se le corten los suministros energéticos básicos por falta de rentas. El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha afirmado que este programa, dotado para 2021 con 300.000 euros, tiene por objetivo "asegurar que a ninguna familia, por pocos recursos que tenga, le falten los suministros esenciales en su hogar".

Los ayuntamientos de población inferior a los veinte mil habitantes y las entidades locales autónomas (ELA) son las beneficiarias de esta iniciativa que ha puesto en marcha en los últimos años el equipo de gobierno de Irene García y que el diputado ha considerado "más necesario que nunca en momentos tan gélidos como los que estamos viviendo".

Ante las bajas temperaturas registradas en las últimas fechas y el consiguiente aumento de la demanda energética, el diputado ha recordado el procedimiento que han de seguir las personas que no tienen recursos para poder pagar las facturas con riesgo de sufrir un corte en suministros básicos. Para tener acceso a este fondo han de dirigirse a los servicios sociales de su localidad, que cuentan con técnicos municipales y personal de Diputación que se harán cargo de poner en marcha el expediente.

Este fondo de 300.000 euros se gestiona a través de la delegación de Bienestar Social y cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, según la población y, en consecuencia, el número de casos potenciales que podrían beneficiarse de estos recursos. David de la Encina ha destacado que "con este programa se protege el derecho al acceso a un bien básico, como es el de la energía, y se asegura luz, agua y gas a las familias con menos recursos, en un año especialmente complicado para muchas de ellas a causa de las circunstancias excepcionales ocasionadas por la crisis de la COVID-19".

Las localidades con menos de 1.500 habitantes reciben 3.000 euros; los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes, 6.000 euros; las localidades de entre 5.001 y las 7.000 personas, 8.000 euros; los municipios de entre 7.000 y 10.000 habitantes, 10.500 euros; y los de entre 10.001 y 20.000 habitantes, recibirán 15.000 euros para ayudas. Aproximadamente una sexta parte del total, 44.000 euros, se destina a las entidades locales autónomas. En total son 40 localidades, 30 municipios y 10 ELA, las que se suman al plan.

En la valoración de las solicitudes de estas ayudas los servicios sociales comunitarios tienen en cuenta tanto el nivel de ingresos y número de componentes de la unidad familiar, como ciertas circunstancias como que algún miembro de la familia tenga alguna discapacidad, que se trate de víctimas de violencia de género, o de familias monoparentales, ente otras cuestiones.