Esta vez, sin sindicatos de por medio. Los antiguos trabajadores de Delphi, a través de la asociación que constituyeron para defender sus intereses, han decidido responder a la demanda a la que tendrán que hacer frente como consecuencia de la fase de formación recibida en la Fundación Universidad Empresa de la UCA (Fueca) y serán ellos quienes presenten acciones penales contra la propia Fueca, contra la Junta de Andalucía y contra "todas las personas jurídicas que participaron en el diseño de los contratos de formación supuestamente fraudulentos". Como consecuencia de ello, a los ex operarios de la multinacional se les reclama la devolución de prestaciones y la suspensión cautelar de las mismas.

Fuentes del gabinete jurídico de la asociación que están elaborando la demanda explicaron ayer a este periódico que se encuentran en plena fase de recopilación de la documentación necesaria, entre las que se encuentran nóminas, contratos y otro tipo de documentos, con lo que prevén que la acción judicial será presentada, como muy tarde, a comienzos del próximo febrero. Añadieron que, contra quienes se interponga la demanda, podrían haber incurrido en "delitos de estafa, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, en caso de participación de funcionarios".

"Tenemos claro que queremos exigir responsabilidades, incluso penales, a los artífices de este montaje", pues "si esos contratos son simulados -en relación a los de la Fueca por la formación-, la simulación no se gestó por los trabajadores, tal y como recoge la propia Inspección de Trabajo en sus actas de infracción a la Fueca, sino que se montó a partir de la Junta de Andalucía", indicaron a Europa Press desde la asociación.

El gabinete jurídico apuntó, en concreto, a "la Consejería de Empleo y sus responsables en aquel momento", sin olvidar que el asunto "se tramitó a través del Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) y fundaciones como Altedia Creade y la desaparecida Faffe", que "actuaron como intermediarias para gestionar la formación y la recolocación de estos trabajadores". También destacaron las citadas fuentes que "en el DTS hubo participación de los sindicatos", contra quienes también se plantean dirigir las acciones judiciales.

En este punto, recordaron que la asociación, que aglutina a "unos 400" extrabajadores de Delphi, es "totalmente independiente de los sindicatos", pues su creación surgió precisamente por "la inseguridad y la desconfianza que genera cómo se está llevando a cabo este asunto y la pasividad de las partes inmersas". Además de las acciones penales, el gabinete jurídico de la asociación avanzó que se plantean "acciones de derivación de cualquier responsabilidad", de manera que, "en caso de sentencias condenatorias y que los trabajadores tengan que pagar, la empresa -por la Fueca- sería solidariamente responsable". Igualmente, apuntaron que están estudiando una posible acción de responsabilidad patrimonial, es decir, "una petición de daños y perjuicios con fundamento en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se montó todo esto". Y es que, en opinión del gabinete jurídico de la asociación, "bajo el pretexto de ayudar a estos trabajadores, que han acabado muy mal, se ha montado un gran chanchullo".

En cualquier caso, indicaron que dichas acciones judiciales serán un paso posterior, pues actualmente están centrados en presentar "deprisa y corriendo" los recursos individuales por la petición de medidas cautelares que existe en las demandas planteadas contra los extrabajadores por parte de la Fueca y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según señalaron, están atendiendo prioritariamente esta cuestión teniendo en cuenta que han dado para recurrir "plazos muy perentorios", que son de "tres y diez días" en función del juzgado (los asuntos están siendo llevados en los juzgados de instrucción uno y tres de Cádiz)..

Asimismo, criticaron que el SEPE también ha reaccionado con "una demanda genérica para todo el mundo, sin tener en cuenta que a la mayoría de los afectados les corresponde el subsidio por derecho propio, incluso anulando los periodos de cotización supuestamente fraudulentos".