Defensa fija el primer trimestre de 2013 como límite para un acuerdo con Salud

Aunque los rumores acerca del cierre del hospital de San Carlos a finales de 2013 han sido atajados rápidamente por la dirección del propio centro sanitario, Defensa sí se ha dado un plazo para negociar con la Junta de Andalucía la posible ampliación del concierto. De existir un acuerdo entre ambas administraciones, éste tendría que darse a lo largo del primer trimestre del año.

Así se lo ha comunicado la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, en el mismo escrito en el que le traslada el estudio económico que se ha conocido esta semana y que triplica los costes calculados inicialmente por la Junta de Andalucía para ampliar la cartera de servicios concertada desde 2005 (que de 11 millones de euros pasa a 27,5).

Defensa, que en varias ocasiones ha insistido en la cesión gratuita de toda esta infraestructura sanitaria, apremia incluso a la Administración andaluza al advertirle de que "sería necesario que el nuevo convenio fuera firmado en el primer trimestre del próximo año [por 2013] para que su entrada en vigor fuera el 1 de enero de 2014". "Con ello -matiza- alejaríamos la actual incertidumbre de sus trabajadores en relación con la estabilidad de sus puestos de trabajo". Esta premura del Gobierno central no hace sino reforzar por otro lado las sospechas que apuntan a un posible cierre de las instalaciones sanitarias a la conclusión del ejercicio presupuestario actual.

El propio alcalde, José Loaiza, reconocía este viernes que la continuidad del hospital de San Carlos más allá de diciembre "está en el aire" dada su mermada actividad asistencial. Si bien es cierto que por el momento no existe ni fecha ni confirmación oficial de dicho cierre, tan temido por los trabajadores y que sólo impediría un acuerdo con la Junta de Andalucía.

Defensa justifica ante la Junta este plazo límite para llegar a un entendimiento en la necesidad de contar con "un tiempo para poder adecuar el hospital al incremento de servicios (antes del 1 de enero)". Evidentemente, el Gobierno central supedita el acuerdo a que la Consejería de Salud acepte la valoración económica del gasto que supondrán los nuevos servicios. La postura de Defensa es bien conocida: está dispuesta a ceder gratuitamente el hospital con efectos inmediatos pero no quiere asumir ni un solo euro de un coste procedente de competencias que son propias de la Administración andaluza, aunque ello pueda derivar finalmente en el cierre de estas instalaciones sanitarias porque ya han dejado de tener utilidad y apenas se utilizan.

Por su parte, la Junta apela a la colaboración entre ambas Administraciones para mantener el hospital abierto, garantizar los puestos de trabajo de la plantilla y, al mismo tiempo, reforzar la atención sanitaria de la población. Quiere que los costes se repartan entre la Junta y el Ministerio. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha afirmado además la consejera, no puede asumir esta infraestructura en las circunstancias económicas actuales. La Junta considera también que las necesidades sanitarias de la población de San Fernando están cubiertas con el Hospital Puerta del Mar.

Pero, ¿qué plantea realmente el Ministerio de Defensa a la Junta de Andalucía? Lo primero, que se haga cargo de toda la puesta a punto del hospital que se requiere para ampliar el concierto, lo que calcula que supondría unos cinco millones y medio de euros. "En infraestructura, debería realizarse una remodelación de casi todos los espacios físicos del hospital que necesitarían los servicios que requieres con un coste no inferior a tres millones de euros", explica la subsecretaria de Defensa a la consejera, María Jesús Montero, en la última carta remitida durante las negociaciones en torno al hospital militar. "En material se precisaría la adquisición y renovación del equipamiento de alta y media tecnología, lo que de forma aproximada supondría un gasto no inferior a dos millones y medio de euros", añade. "Asimismo, haría falta adaptar las cualificaciones de parte del personal a las actividades a desarrollar en las nuevas áreas". A todo ello, Defensa suma el coste de la asistencia anual pretendida en la propuesta de ampliación de la Junta de Andalucía que -alegando a las cuentas realizadas por expertos de sanidad militar- sería de unos 20 millones de euros.

Las cifras, que la Junta ha rechazado por considerarlas excesivas e "inasumibles", no quedan ahí ya que suman también un 8% más que, según el Ministerio, se refiere a la cantidad que requiere el mantenimiento anual y que viene a suponer 1,6 millones de euros más para las cuentas. Esas cuentas de Defensa -que pueden consultarse en el cuadro anexo- normalmente casi duplican con números siempre redondos los cálculos realizados por la Administración andaluza. "Son las cantidades que al SAS le correspondería abonar", asegura Defensa. "El coste para el mantenimiento del resto de la actividad del hospital -que presumiblemente seguiría siendo el mismo que hasta ahora- sería aportado por este Ministerio".

La Junta asegura que no está dispuesta a asumir el gasto derivado de la puesta a punto de las instalaciones y de su mantenimiento. Bajo ningún concepto. Es un argumento que tiene su réplica directa en la afirmación de Defensa de que no está dispuesta a asumir ni un ápice de competencias que son exclusivas del Gobierno andaluz. Lo cierto, sin embargo, es que el cierre del hospital se acerca a medida que las partes alejan sus posturas.