Un juez de El Puerto de Santa María ha dejado en libertad a un hombre que se encontraba en prisión provisional desde el 24 de junio de 2019 después de que fuese hallado en una embarcación mientras transportaba 547 kilogramos de hachís, una cantidad de droga que habría alcanzado en el mercado ilícito un valor aproximado de 994.950 euros. ¿El motivo por el que el magistrado ha dejado libre al supuesto narco? La pandemia del Covid-19.

Las razones que esgrime el juez en su auto de puesta en libertad, por el modifica la medida cautelar de prisión impuesta al investigado bajo fianza de 3.000 euros, giran todas en torno al decreto del estado de alarma.

Así, recuerda que el Gobierno de la Nación ha adoptado "medidas restrictivas" que atañen a "la libertad de las personas", la cuales podrían verse prorrogadas "e incluso agravadas" en vista a "cómo se suceden los acontecimientos".

Valorada pues la situación de emergencia sanitaria actual, el juez argumenta tres motivos para dejar libre al supuesto traficante. El primero se refiere al riesgo de fuga. El magistrado considera que este riesgo está "ciertamente mitigado en la medida que existe un control efectivo de fronteras con los países limítrofes". 

En segundo lugar, dice el magistrado, con el decreto del estado de alarma "se ha incrementado sobremanera la presencia policial, con despliegue incluso de las Fuerzas Armadas para vigilar y controlar a la población en su circulación, lo que limitaría la posible reiteración delictiva" del investigado. 

Por último, el juez aduce que el supuesto traficante también podría ver comprometida su salud por el hecho de estar interno un centro penitenciario, dado el riesgo de contagio que puede existir en su interior, "potencialmente relevante en atención al número de personas que allí se encuentran".

Si bien es cierto que con la situación de libertad provisional también concurre el riesgo de infección, "parece más razonable considerarlo menor si el investigado se encuentra aislado en su domicilio, con las salidas que excepcionalmente están permitidas", añade el auto, que especifica que el supuesto traficante carece de antecedentes penales por este tipo delictivo. 

Todo lo expuesto, en consonancia con el derecho a la presunción de inocencia y con el artículo 43 de la Constitución Española que ampara el derecho a la salud, determina que sea procedente la puesta en libertad del investigado bajo fianza de 3.000 euros. 

El hombre ahora ex carcelado tiene prohibido, eso sí, salir del territorio nacional. Tiene la obligación, además, de comparecer "cuantas veces sea llamado". 

El juez concluye que si el investigado vulnera las restricciones impuestas durante el estado de alarma, podría volver a entrar en prisión.