En éste, como en otros casos de viviendas construidas ilegalmente, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que acuerde la demolición de la casa. Sin éxito, pero lo ha solicitado. La Fiscalía de Cádiz lleva años haciendo eso y a este periódico no le consta que haya modificado esa conducta. Alguien difundió con mucho éxito el pasado julio que este periódico había publicado una información en la que se decía que la Fiscalía había dejado de solicitar derribos de viviendas ilegales. Nada más lejos de la realidad.

La información de este periódico a la que aludía quien dijo tal cosa fue publicada el domingo 24 de julio y en ningún momento afirmaba eso, como puede comprobar cualquier lector que lo desee (http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1027591/la/fiscalia/derrumba/la/obra/nunez.html).

Sí decía la información, al hilo de un pacto muy beneficioso para una concejal del PSOE de Chipiona condenada por prevaricar y facilitar la construcción y consolidación de viviendas ilegales en su municipio, que la Fiscalía había cambiado de criterio respecto al fenómeno de la vivienda ilegal: que antes era muy dura con los acusados (por ejemplo, con un arquitecto) y que, tal como mostraba el acuerdo con la edil socialista, había dejado de serlo.

La Fiscalía, pues, continúa pidiendo derribos de viviendas construidas ilegalmente, como muestra el caso que ahora ha juzgado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Este periódico nunca dijo lo contrario.

Lo que sí recordó, al hilo del caso de la concejal de Chipiona, es que el anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, decía algo que resumía muy bien cuál era su actitud ante el problema de la vivienda ilegal. Decía Núñez que una condena penal sin derribo era papel mojado. ¿Por qué? La respuesta, como en otros casos, está en el ahora sentenciado por la Audiencia. Todo ilegal pero ni cárcel ni derribo. Pólvora mojada. Papel mojado.