La Audiencia Provincial de Cádiz celebró ayer la primera parte de la vista oral donde se procesa a A.B.L., acusado de un delito de estafa tras vender tres unifamiliares ubicados en un terreno no urbanizable en la localidad de Chiclana, concretamente en el Pinar de María.

El sujeto enjuiciado, administrador único de la sociedad inmobiliaria Abrysal, S.L. -desde la que se iniciaron los procesos de venta-, ya fue condenado con anterioridad por adquirir una finca en suelo rústico no urbanizable y, por tanto, sin ninguna edificación, y encargar a un arquitecto la elaboración de un certificado falso en el que hiciera constar que en la parcela existían construcciones con una antigüedad superior a los cinco años y de este modo conseguir su inscripción en el Registro de la Propiedad. Por estos hechos A.B.L. fue condenado en 2010 como autor de un delito de falsedad documental.

Ahora bien, en 2006 el procesado hizo uso las certificaciones registrales obtenidas de forma fraudulenta y logró la división horizontal de la finca y, por ende, la parcelación de la misma en tres partes que comenzó a vender bajo el nombre de Promoción El Marquesado.

En las fincas resultantes de la división de la parcela matriz el acusado construyó tres viviendas unifamiliares que vendió a M.C. y E.C., a J.M.G.P. y a D.G. y A.P. bajo el precio de 90.000 euros, tal y como figura en escritura pública, si bien los compradores tuvieron que asumir créditos muy superiores para hacer frente a los diferentes gastos de la compraventa.

En el juicio de ayer, celebrado en la Sección Cuarta, el denunciado confesó haber omitido en un principio a los compradores tener un procedimiento abierto por asuntos inmobiliarios, sin bien aseguró que los informó a todos de que el certificado de antigüedad de cinco años era falso. "Ellos veían que las viviendas eran de nueva construcción", alegó. El procesado dijo además que puso en sobreaviso a sus clientes sobre el carácter rústico no urbanizable de los terrenos y que cuando tuvo conocimiento del expediente disciplinario que abrió el Ayuntamiento de Chiclana sobre estas viviendas por su ilegalidad y su posible derribo, intentó llegar a un acuerdo con los implicados.

Declararon también ayer los compradores, quienes sostenían dos posturas diferentes. Por un lado, M.C. y E.C. expresaron saber que la casa que adquirían estaba en suelo rústico no urbanizable, pues en la firma de las escrituras se hizo constar que las viviendas estaban dotadas de placas solares y un pozo de agua, al no llegar a esa zona de Chiclana el suministro corriente.

De otra parte, J.M.G.P., D.G. y A.P., los otros dos querellantes, mostraron su total desconocimiento sobre la calificación de este suelo exento de construcciones, circunstancia que llegaron a saber porque la esposa de J.M.G.P. consultó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para informarse sobre unas oposiciones.

Finalmente los últimos en prestar declaración fueron el responsable de la entidad bancaria que dio el visto bueno al proceso hipotecario, quien no encontró en la tasación ningún tipo de condicionante, y el intermediario financiero de Maxihipotecas, que aseveró haber entregado a los compradores sólo la pretasación. Ambos dijeron sentirse "estafados".