La Audiencia impone a los padres un control semanal

El caso de la menor mauritana El tribunal rechaza encarcelar a los progenitores

Los procesados seguirán en libertad en espera de una sentencia firme pero deben presentarse cada siete días en el Juzgado o comisaría más próximos a su domicilio

El padre (d) y la madre de la menor, anteayer en Cádiz, frente a la Audiencia, tras la vista sobre la petición de la Fiscalía.
El padre (d) y la madre de la menor, anteayer en Cádiz, frente a la Audiencia, tras la vista sobre la petición de la Fiscalía.
T. Ramos / Cádiz

16 de abril 2009 - 05:01

La Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado encarcelar a los padres de la menor mauritana, tal como solicitaba la Fiscalía, pero les ha impuesto un control semanal para tratar de evitar así que eludan la acción de la justicia. Cada siete días, los dos procesados tendrán que presentarse ante la Audiencia o ante el Juzgado o la comisaría más próximos a su domicilio. La decisión del tribunal, que no ve riesgo de fuga ni peligro para la menor que justifiquen la prisión preventiva, fue acogida ayer con júbilo por el matrimonio y por la embajada de Mauritania, que está prestando apoyo a la pareja condenada tras el juicio en el que su hija aseguró que fue obligarla a casarse y que sus padres la amenazaron para que se acostase con su marido.

El padre de la joven fue condenado a un año y seis meses de prisión por amenazas. La madre, a 17 años por agresión sexual y otros delitos. La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que no es firme porque ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, también condenó al marido de la joven a 13 años y medio por agresión sexual. La joven fue violada, la agresión sexual se produjo en junio de 2007 en Puerto Real y en ella jugó un papel determinante la madre de la joven, considera probado la sentencia de la Sección Tercera.

El marido de la joven está en prisión desde junio de 2007. La madre permaneció encarcelada casi un año y quedó en libertad antes del juicio, celebrado el mes pasado. El padre nunca entró en prisión.

Tras el juicio, la fiscal pidió al tribunal que encarcelase a los padres de la menor, en espera de que se pronuncie el Supremo, porque estimaba que la gravedad de las penas impuestas podría provocar una reacción de venganza hacia la víctima o hacia la familia española con la que convive; también podría provocar, decía, la fuga para sustraerse a la acción de la justicia.

El tribunal que juzgó a los procesados considera que en el caso del padre, la pena de un año y medio de prisión a la que ha sido condenado no es tan extensa como para que le incite a darse a la fuga. "Además", argumenta el auto que deniega la petición de la fiscal, "al carecer de antecedentes penales, podría ser beneficiario de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta [podría eludir la cárcel] y prácticamente durante toda la instrucción de la causa ha estado en situación de libertad y no consta que haya faltado a ningún llamamiento de los órganos jurisdiccionales ni que haya actuado contra su hija ni incumplido la prohibición de acercamiento y comunicación que tiene frente a ella".

En cuanto a Hawa Mint Cheik, el tribunal anota que si bien es cierto que la pena es mucho mayor, eso no justifica por sí solo que vaya a darse a la fuga, sobre todo, señala, cuando le ha sido retirado el pasaporte, lo que dificultaría que abandonase España.

El auto indica que la defensa de los procesados, ejercida por el abogado José Álvarez, ha explicado que los otros hijos del matrimonio han sido llevados a Mauritania para evitarles la situación incómoda provocada por la condena de sus padres y los comentarios de que son objeto en el colegio (escarnio y mofa, dijo el letrado) y que eso no implica la falta de arraigo de los procesados.

Grupos de mauritanos y representantes de la embajada de Mauritania en España han insistido en pedir respeto a las tradiciones de ese país durante todo el proceso judicial. También en afirmar que todo es un montaje.

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