Sin permiso de la autoridad -al menos de la Junta de Andalucía- y generando razonables preocupaciones sobre seguridad -a la Subdelegación del Gobierno y a la administración ambiental- abrió ayer sus puertas la acampada asociada al Festival Cabo de Plata 2016, que congregará en Barbate -22.800 habitantes- en torno a unas 30.000 personas durante los próximos tres días. Se celebrará al filo del pinar del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, en plena época de alto riesgo de incendio. El Ayuntamiento argumenta que dispone de todos los permisos, porque son de su competencia, y de un "exhaustivo" plan de seguridad municipal.

Sin embargo, la Administración andaluza ya ha iniciado los trámites de un primer expediente sancionador que derivará en una multa de hasta 240.000 euros por ocupación de monte público para habilitar un carril de evacuación, informó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz. Fernando López Gil aseguró que ya se han remitido a la Fiscalía los expedientes sobre otros incumplimientos administrativos del festival, "tanto en lo que respecta a la acampada ilegal como al concierto en sí", y ha recordado que el evento "incumple diversas normativas turísticas (por la acampada o zona de descanso) y medioambiental (por la legislación sobre prevención de incendios en los espacios naturales protegidos)". Además, la Junta le ha remitido un informe como paso previo a la denuncia que presentará la Junta en unos días, añadió.

"No estamos ni en contra ni a favor de que se celebre este evento, pero el alcalde y los promotores deben saber que hay unos trámites que realizar y una normativa que cumplir, así como todo tipo de soluciones legales. Lo que no puede producirse en ningún caso es que se incumpla la ley a sabiendas y a pesar de los múltiples requerimientos y advertencias realizados", sentenció López Gil. Casi con las mismas palabras se pronunció en Sevilla la presidenta de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, Susana Díaz aclaró que con la afluencia masiva que se prevé, un desalojo plantearía mayores problemas que las faltas cometidas.

En Barbate, el alcalde de la localidad, Miguel Molina (PA) y el promotor del festival, Juan Carlos Gutiérrez, aseguraron que cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarias para poder acoger a los miles de asistentes en las dos zonas de descanso habilitadas junto al recinto de conciertos.

El alcalde defendió la autonomía municipal para autorizar este festival, ya que "todas las competencias son municipales" y que el plan de prevención "supera incluso las garantías de cualquier evento en el ámbito nacional y autonómico, tanto en prevención de incendios como en seguridad". Al mismo tiempo, acusó a la Junta y a la Subdelegación del Gobierno de hacer "un drama" y les reprochó "su falta de apoyo a la difusión y proyección turística del municipio".

El regidor aseguró que "el terreno es urbanizable", insistiendo en que "las competencias son totalmente municipales", y en que el evento "se va a realizar" porque tiene "todos los permisos del Ayuntamiento". Dijo que es "un evento en el que el mayor beneficiado es el pueblo de Barbate", que está "cansado ya de que no se le deje hacer cosas". En este punto defendió que "Barbate necesita proyección internacional y difusión turística", y entiende que "las administraciones, lo que tienen que hacer es apoyarnos" y "sentarse con la Corporación para sacar adelante los problemas del municipio". Así, insistió en que el Ayuntamiento ha procurado que el plan de seguridad sea "lo más exhaustivo posible" tanto en prevención de incendios como en seguridad.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez dijo que se han realizado "todas las actuaciones correspondientes" que se han solicitado por parte del Seprona o Protección Civil en la zona, que estaba "llena de suciedad y de broza". Además, enfatizó que se trata de "una zona urbana y de descanso, no de camping". Recalcó que se ha "presentado y aprobado" toda la documentación que se ha requerido desde los servicios técnicos, con lo que "todo el trámite administrativo está cerrado y correcto". Explicó que "la Junta se pronunció en su día" sobre la "zona de descanso" y dijo que "la competencia era municipal", ya que está en "zona urbanizable municipal". Y añadió que se han adoptado "medidas correctoras" por la cercanía al parque natural.