Alquileres en negro

El Gobierno acaba de dar un golpe de efecto en la lucha contra los alquileres de verano incontrolados por el Gran Hermano Fisco. Desde principios del mes de junio, el BOE dictaba la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

En principio, la norma nace con dos objetivos básicos, intentar cambiar los hábitos del español, hasta ahora más propenso a embarcarse en una hipoteca, acercándolo más a la tendencia más vanguardista de vivir de alquiler. A su vez, otro objetivo claro: la lucha contra los alquileres de verano ilegales.

La crisis agudizó el problema. Hasta el principio de la cuesta abajo las segundas viviendas eran eso, segundas viviendas. La falta de recursos puso en marcha todos los mecanismos mentales del ciudadano de a pie para recortar todo lo recortable y, en segundo lugar, ingresar de donde nueva pensó hacerlo.

Para ello, esa segunda vivienda se convirtió pronto en una fuente de ingreso. Y como prueba, fuentes oficiales (INE), indican que en España hay alrededor de 120.000 viviendas de alquiler turístico, alrededor de 23.000 familias viven directamente del alquiler vacacional y otras 7.500 están relacionadas indirectamente con él.

Internet, para colmo, ha servido de trampolín que ha facilitado la puesta en el mercado de esa segunda vivienda, experimentando este mercado un crecimiento muy importante en los últimos años. Páginas como la de homeaway.es, dedicadas a la publicación de alojamientos vacacionales, en apenas 3 años, han pasado de anunciar 15.000 alojamientos a ofrecer más de 36.000, sólo en España, y más de 460.000 en un total de 142 países.

El anuario de La Caixa insinuaba que el 80% de las pernoctaciones que se producen en la provincia de Cádiz pasan su estancia en inmuebles no reglados, ya sean chalet o apartamentos alquilados para períodos de tiempo cortos que suelen ser de ahora de semanas o quincenas.

La nueva Ley sobre arrendamientos deja sin amparo legal al alquiler veraniego. La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas dicta entre otras cuestiones que ya no será la Ley de Arrendamientos de toda la vida, la LAU (1994) la que englobe esos "arrendamientos para usos distintos del de vivienda" sino que serán las propias Comunidades Autónomas las que impongan su criterio en cada uno de sus territorios.

A nivel andaluz Málaga es la provincia donde más irregularidades se registran en este mercado seguida de cerca por Cádiz, con 32.041 inmuebles no declarados, según datos publicados por el sindicato de técnicos tributarios Gestha, que podrían estar moviendo a espaldas de Hacienda en torno a 53 millones de euros.

Y complementando la nueva Ley que impone unas medidas restrictivas para estos alquileres en negro, Hacienda obliga a las comercializadoras de electricidad a presentar anualmente un documento que incluya los datos de consumo de los hogares. Con ello se persigue esos alquileres en la sombra.

Este mismo informe de Gestha habla de que Andalucía es la segunda comunidad del litoral, después de la catalana, con mayor fraude por alquileres sumergidos, con más de 180 millones de euros no declarados. En esta comunidad, hay tres provincias que destacan por su fraude sobre las demás provincias andaluzas: la Costa de la Luz (compuesta por Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol, formada por una única provincia (Málaga), con 59,3 millones de euros de fraude, aproximadamente.

Así, Baleares, Andalucía y Canarias son las tres comunidades que, por la presión ejercida durante años por el sector hostelero, ha optado por endurecer, demasiado para muchos la norma. En Andalucía, la normativa deja ahora fuera a los que no tengan al menos tres viviendas en el mismo edificio para alquilar. Con eso bastaría para dejar sin posibilidad para alquilar su segunda vivienda a un altísimo porcentaje.

Este endurecimiento, para una portavoz de Comunidades del Sur, "afectara negativamente al turismo". Desde la popular inmobiliaria, "una familia de más de cinco personas que quiera veranear más de una semana que no puede ir a un hotel en la situación económica actual, no podrá veranear, en España al menos". "De esta forma ni se beneficiaran los hoteleros ni los propietarios", según la portavoz de Comunidades del Sur. Muchos temen desde el sector inmobiliario que esta norma tan restrictiva podría provocar un efecto huida de los turistas acostumbrados a pasar sus vacaciones en la provincia en un alquiler vacacional de este tipo. Las mismas fuentes indican que Portugal podría ser uno de los territorios beneficiados por esta huida.

Asimismo, Comunidades del Sur advierte que también podría tener efectos sobre la venta de inmuebles, ya herida desde hace años, puesto que considera que la nueva norma "reducirá aún más la inversión, ya que hay muchos propietarios que invertían en inmuebles para alquilar por temporadas". Comunidades del Sur considera, además, que al otro lado del endurecimiento vivido en territorio andaluz quedan aquellas comunidades que aún no tienen regulados estos presuntos alquileres en negro.