APDHA denuncia tres casos de racismo en la provincia de Cádiz

Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial -que se celebra hoy- la delegación gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha querido dejar constancia de tres casos "intolerables" de racismo que se están produciendo en la provincia de Cádiz y que, si bien son situaciones aisladas, "no dejan de ser inadmisibles", explicó ayer Amin Soussi, miembro de este colectivo.

El primero de estos casos tiene lugar en San Fernando y afecta a unos 70 senegaleses que tienen prohibida la entrada al mercadillo que se instala en La Magdalena todos los jueves. "La Policía Local y la Guardia Civil llevan a cabo una persecución sesgada y detienen a aquellas personas que, bajo su punto de vista, son sospechosas de venta ambulante ilegal, no permitiéndoles realizar su trabajo por el simple hecho de ser de raza negra, pues lo cierto es que sí poseen permiso de trabajo y están al día con sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda", expuso indignado Soussi.

No acaba aquí el asunto. Según este socio de APHDA, la Policía de Extranjería se sitúa en las inmediaciones de las estaciones de autobuses y trenes de La Isla, realizando la misma operación, esto es, "seleccionando y vetando la entrada a determinados sujetos y requisándoles la mercancía".

El segundo de los casos de racismo sucede en Barbate, donde unos 40 marineros marroquíes han denunciado a APHDA prácticas abusivas de ciertos armadores de la localidad, quienes los han despedido "sin más motivo que su origen", criticó Amin Soussi. "Con la rescisión de estos contratos los patrones alegan querer presionar a Marruecos para alcanzar un acuerdo de pesca con España. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que son marineros marroquíes con un gran arraigo -algunos llevan más de 30 años afincados en Barbate- y son conscientes de sus derechos laborales, tienen contacto con los sindicatos... Y los armadores, en su afán de explotar, prefieren a gente nueva, desconocedora de sus verdaderas prestaciones en nuestro país".

Por último, los integrantes de APHDA lamentan que la Asociación Puertorrealeña de Comerciantes, Apreco, haya publicado un decálogo en contra de la venta ambulante. "Culpan a los inmigrantes de la mala situación económica que atraviesan sus negocios y de su falta de competitividad, cuando para buscar a los verdaderos culpables hay que apuntar en otra dirección y mirar hacia arriba y no hacia abajo", esgrimió Soussi.

Los cambios realizados por el Gobierno central en el ámbito sanitario han repercutido en el tipo de intervenciones de APHDA. Así, aunque la Junta de Andalucía haya decidido mantener la asistencia sanitaria universal, incluyendo -claro está- a los inmigrantes en situación irregular, este colectivo se ha encontrado con casos muy graves de abandono y vulneración de derechos fundamentales debido no tanto a una cuestión legal o normativa, sino a una escasa formación por parte del personal de los centros de salud y a su profundo desconocimiento de la realidad de los inmigrantes.

"Hemos presenciado casos tan graves como el de un menor de dos años que no era atendido en un centro de salud de El Puerto porque su madre no tenía permiso de residencia; o el de una estudiante con autorización de residencia a la que no se atendió porque su madre, también residente, estaba en el paro", enumeró Diego Boza, asesor jurídico de APHDA

Durante el año 2012, Pro Derecchos Humanos recibió en sus oficinas -repartidas por los municipios de la Bahía de Cádiz- a 1.748 personas, la mayoría, un 75%, en situación regular, un porcentaje muy superior al de 2011 (un 43%). En el gráfico se detalla su distribución por sexo, edad, origen y situación administrativa, así como la evolución por años del número de personas atendidas.

En lo que a consultas se refiere, se han incrementado las de inmigrantes interesados en regresar a su país de origen ante la imposibilidad de encontrar trabajo en una provincia donde el paro alcanza al 41% de la población activa.

Teniendo en cuenta el elevado volumen de visitas que absorbe la red de APDHA en la Bahía, merece una mención especial el esfuerzo que realizan todos los integrantes del colectivo para esquivar los azotes de la actual crisis, que golpea sin mesura a los presupuestos y subvenciones de esta organización. "El Ayuntamiento de Puerto Real nos adeuda 12.000 euros desde el año 2011 y el de El Puerto, 29.000 desde 2008. En este último caso ya hemos interpuesto un contencioso administrativo", apuntó Rafael Lara, portavoz de APDHA.