Santiago Carbó Valverde

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y Consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago

Transcurridos más de dos años desde el inicio de la crisis financiera en agosto de 2007, pueden extraerse dos grandes conclusiones sobre qué ha ocurrido en 2009. La primera, es que la “hemorragia” se ha contenido, en la medida en que los bancos centrales y buena parte de los gobiernos de todo el mundo han arbitrado un amplio conjunto de medidas de corto y medio plazo para dotar de la liquidez que precisan las entidades bancarias y, en otros casos, para su rescate implícito o explícito y evitar, de este modo, una prolongación o empeoramiento de los efectos sistémicos de la inestabilidad financiera. La segunda conclusión es que queda mucho por hacer y, tal vez lo más importante, queda la tarea de largo plazo de redefinición de la arquitectura financiera internacional y de prevención de crisis de esta magnitud. 

Los grandes foros políticos internacionales y, en particular, el G-20, debatieron durante 2009 algunas de las grandes cuestiones que atañían a estas reformas. Aun cuando quedan muchos detalles por concretar y la agenda para el cambio regulatorio se prolongará previsiblemente hasta 2012, el sector financiero mundial, sin excepción, ha recibido un mensaje claro: la solvencia será la piedra angular de la regulación y supervisión financiera y los requerimientos de recursos propios que dan soporte a esta solvencia tendrán que aumentar de forma muy significativa. Lo difícil será establecer cuándo, cuánto y, sobre todo, cómo coordinar estas medidas, pero nadie en el sector bancario duda en estos momentos que la presión para una mayor solvencia será el principal reto en los próximos años. En este punto, España cuenta con ventajas y con inconvenientes. Entre las primeras, el español ha sido tradicionalmente un sector bancario sólido y solvente y el Banco de España ha sido pionero en adoptar algunas medidas que ahora se consideran como de posible aplicación general, como las provisiones estadísticas que tratan de amortiguar los efectos de la crisis sobre las cuentas de resultados bancarias y la concesión de crédito. Sin embargo, entre las dificultades, cabe destacar que estas medidas no han sido suficientes y que en España hemos llegado a las cuestiones de solvencia más tarde que en otros países, en plena transición entre 2009 y 2010, cuando en la mayor parte de nuestro entorno ya se han producido rescates en todo tiempo y forma. Y aun cuando se ha arbitrado un sistema de reglas para la reestructuración con el tan traído y tan llevado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el problema del deterioro de activos en los balances bancarios aún no se ha podido corregir completamente por la propia saturación del mercado inmobiliario. Y este involuntario retraso está suponiendo, entre otras dificultades añadidas, que las autoridades europeas de la competencia parecen despertar de su letargo y poner la vista no allí donde en los últimos dos años se ha actuado unilateralmente y sin demasiado orden o concierto, sino donde se empieza ahora a abordar el problema de la reestructuración, en España.  

Y es que aunque la crisis financiera surgiera como consecuencia de conductas especulativas e innovaciones financieras de parte de la banca internacional, no orientadas a la generación de valor, por el fin de un ciclo de demanda o por un exceso de capacidad productiva, sus efectos se han exacerbado en países como el nuestro debido a una burbuja de precios en el sector inmobiliario. Y las entidades bancarias –bien como financiadoras o bien como inversoras directas- se han visto también afectadas por esta burbuja. Ahí es donde reside gran parte del llamado “deterioro de activos” bancarios, mientras que en otros países procedía de los ya famosos vehículos estructurados de inversión de dudosa calidad crediticia. Por eso durante 2009 se lanzó el FROB. Y su espíritu reside, en buena parte, en resolver el problema del deterioro de activos pero, sobre todo, en preparar el terreno para el mencionado panorama regulatorio de mayor solvencia. Y, por eso, apostando por las soluciones privadas, el FROB contempla numerosas situaciones en las que la solución y la reestructuración se produzca mediante procesos de integración, con la expectativa de que una mayor dimensión será un elemento clave para que muchas entidades puedan tener una viabilidad demostrada en el futuro próximo. 

Por todo ello, al igual que atajar el desempleo es un reto fundamental para la economía real, acometer la reestructuración bancaria es el principal mecanismo para dotar al sector bancario español de la estabilidad y solidez que precisa y que tradicionalmente le han caracterizado. Hasta la fecha, 2009 nos dejó una sola entidad intervenida y es de esperar que ahora, una vez que el FROB establece las reglas del juego, 2010 traiga más soluciones “privadas” que permitan consolidar la reestructuración. Y una clave esencial para ello es que se produzcan desde la libertad operativa de las entidades y bajo el visto bueno del supervisor. No obstante, tanto en el sector financiero como para el conjunto de la economía española, la principal clave para acometer la recuperación y, en la medida, acelerarla es actuar con liderazgo, proponiendo medidas de corto plazo y reformas de calado para el futuro que favorezcan al sistema financiero y al productivo y, sobre todo, reafirmen su confianza. Aun sin la concreción precisa, las grandes citas internacionales ya han marcado la agenda. 2010 será un año para actuar, reformar y recuperar la confianza o, en caso contrario, para lamentar no haberlo hecho.