Veintisiete meses después de que venciera el plazo para que el Senado renueve los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, PSOE y PP no han variado un ápice su postura: coinciden en que es necesario el relevo y se reprochan mutuamente la responsabilidad por no haberlo hecho.

La polémica por la renovación del Tribunal Constitucional se ha reavivado después de que el pleno del Alto Tribunal volviera a rechazar el quinto borrador de sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. La decisión del TC sobre el Estatuto es uno de los escollos que entorpecen que los dos partidos mayoritarios puedan llegar al acuerdo para renovar los órganos judiciales al que se comprometieron, en julio de 2008, los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del PP, Mariano Rajoy. El rechazo al quinto borrador sobre la sentencia ha llevado a los partidos que conforman el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) a intentar incorporar a CiU a un frente común para exigir desde el Parlament al PSOE y al PP que procedan ya a la renovación.

El relevo de los cuatro magistrados que corresponden al Senado lleva bloqueado en la Cámara Alta desde el 17 de diciembre de 2007. En esa fecha acabaron formalmente los mandatos de la presidenta del TC, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado. A ellos hay que sumar la vacante dejada por el fallecimiento del también magistrado Roberto García Calvo, cuyo relevo corresponde al Congreso.

El presidente del Senado, Javier Rojo, no convocará la comisión de nombramientos de la Cámara Alta hasta que no haya acuerdo entre PP y PSOE, puesto que se necesita mayoría cualificada -tres quintas partes del pleno- para su ratificación. Rojo preside esta comisión del Senado, integrada además por los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

El 31 de julio de 2008, el presidente de la Cámara Alta comenzó el proceso de renovación del TC al emplazar a los Parlamentos autonómicos a que designaran sus candidatos -dos por Cámara territorial, según establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Tres meses después, las comunidades gobernadas por el PP eligieron dos únicos candidatos: el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López y el ex presidente de este órgano y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando.

Ambos fueron rechazados por el PSOE, que acusó al PP de haber "dictado" a las comunidades la designación, en contra del "espíritu" de la ley, de dos candidatos "significados políticamente", que se habían pronunciado abiertamente en contra de la práctica totalidad de las leyes elaboradas por el Gobierno. El rechazo a estos candidatos bloqueó la renovación del TC, hace más de dos años. El proceso podría volver a ponerse en marcha si uno de estos dos candidatos renuncia, lo que daría a las comunidades una nueva oportunidad de designar a su sustituto. PSOE y PP pueden asimismo optar por designar directamente a los cuatro candidatos, de entre los elegidos por los parlamentos regionales.

"Mecanismos hay", aseguró esta semana la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, quien responsabilizó directamente al PP de la falta de acuerdo en el Senado para esta renovación. La secretaria general del PP y senadora de este partido, María Dolores de Cospedal, recuerda que Zapatero y Rajoy llegaron a un acuerdo para renovar el Alto Tribunal, que el PP propuso a sus candidatos y que, al final, el PSOE no quiso ni siquiera plantear los suyos, impidiendo así la renovación. Ambos partidos defienden, no obstante, la legitimidad del Tribunal Constitucional para emitir un fallo sobre el Estatuto catalán tras más de tres años y medio estudiando el caso.