Los abogados del extesorero del PP Luis Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, han renunciado este lunes a su defensa por "discrepancias profesionales".Trallero ha presentado este lunes por la mañana el escrito de renuncia a la defensa de Bárcenas en la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz instruye el caso Gürtel y, en una pieza separada del mismo, los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en el PP.

Antes de presentar el escrito, Trallero ha acudido a la prisión de Soto del Real, donde está ingresado Bárcenas desde hace doce días, para comunicarle en persona la renuncia. Los letrados llevan encargándose de la defensa de Bárcenas cuatro años, desde que en 2009 Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, y por ahora el extesorero no tiene un nuevo abogado.

La renuncia de Trallero y Bajo a la defensa de Bárcenas se produce un día después de que el diario El Mundo publicara una entrevista al ex tesorero en la que afirmaba que el PP se ha financiado de forma ilegal durante veinte años. En ella, el director del periódico asegura que el ex tesorero le confesó haber participado en una supuesta financiación ilegal de ese partido durante una conversación de cuatro horas, pocos días antes de que ingresara en prisión. "Luis Bárcenas me explicó en el transcurso de una larga conversación que durante al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido", asegura Ramírez.

El último servicio de los letrados ha sido recurrir la "desproporcionada" fianza civil de 43,2 millones que le impuso la semana pasada el juez del caso Gürtel, porque no hay indicios suficientes contra él. En el recurso de reforma -ante el propio juez Ruz- presentado este lunes, se pide la "inmediata nulidad" de esta "elevadísima fianza", ya que no hay los suficientes indicios de criminalidad contra Bárcenas y por ello adolece de una "grave falta de motivación".

El juez Ruz le impuso la fianza el pasado viernes y le dio diez días de plazo para hacer efectiva esa suma, destinada a cubrir posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena en el caso Gürtel. De no pagarla en ese plazo, se procederá a embargar sus bienes. Sin embargo, esta medida cautelar no supone su puesta en libertad, ya que se encuentra en prisión preventiva incondicional y sin derecho a fianza desde el pasado 27 de junio.

El recurso destaca que en lo investigado hasta ahora del caso Gürtel no se aprecia "base razonable ninguna" para imponerla y que aún no hay los suficientes "indicios racionales de delito" contra el extesorero, cuando la jurisprudencia señala que para adoptar esta medida "resulta imprescindible la existencia indicios de criminalidad, sin que basten las meras conjeturas o hipótesis". Los abogados afirman que no es posible atribuirle el delito de blanqueo, ni tampoco cabe hablar de cohecho, estafa procesal en grado de tentativa ni falsedad en documento mercantil, tal y como sostiene el juez.

El juez le imputa cohecho por haber recibido en 2002, 2003 y 2007 más de un millón de euros en dádivas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, vinculadas a contratos públicos adjudicados irregularmente o en consideración a su cargo de senador. En este sentido, los abogados aseguran que Bárcenas no fue sido autoridad ni funcionario público hasta 2004, cuando fue nombrado senador, cargo este último "incompatible" con este tipo delictivo.

En cualquier caso, agregan, no hay  "vinculación alguna" entre las supuestas cantidades pagadas a Bárcenas por la trama Gürtel y "acto específico de adjudicación o contratación con las Administraciones Publicas". Los de falsedad y estafa procesal responden a un intento de Bárcenas de justificar la adquisición de un dinero en una operación de compraventa de cuadros supuestamente inexistente. En opinión de los letrados, no cabe imputarle delito de falsedad "en un mero documento privado entre particulares", ni estafa procesal por presentar al juez un documento privado -la compraventa- cuya veracidad aún no se ha comprobado.

Respecto de los delitos fiscales que se le atribuyen por no pagar IRPF e Impuesto del Patrimonio en los años 2002, 2003, 2006 y 2007, afirman que los de los dos primeros años están "claramente prescritos", el de 2006 sólo se refiere únicamente a su esposa, Rosaía Iglesias, y las cuotas defraudadas de 2007 las regularizó en su día. De no anular la fianza civil, los abogados reclaman al juez que la rebaje, al considerarla "excesiva y desproporcionada", aunque que no detallan en cuánto dinero debería hacerlo. Los abogados concluyen el recurso afirmando que esta medida cautelar supone "un auténtico adelanto de responsabilidades pecuniarias de dimensiones totalmente desproporcionadas".

En otro orden de cosas, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto apoyar la petición realizada por las acusaciones personadas en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) para que el juez  Ruz tome de nuevo declaración al ex tesorero. La Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Federación Los Verdes y Justicia y Sociedad solicitaron esta declaración en un escrito presentado hace semanas al magistrado. Aseguraban que tras las declaraciones prestadas entre los días 20 y 29 de mayo por nueve testigos, dos peritos caligráficos y nueve imputados "se acreditaría la existencia de una asociación ilícita en el seno del PP" que recibía de manos de donantes, en efectivo, cantidades que luego se ingresaban en las cuentas del Banco de Vitoria/Banesto.

Agregaban que Bárcenas, el también ex tesorero Álvaro Lapuerta y "quizás los entonces secretarios generales Arenas y Álvarez-Cascos" recibían en mano fajos de billetes que no procedían de donantes anónimos puesto que conocían la identidad de quien los entregaba. "El PP olvidó consignar la persona del donante en su contabilidad cuando sus empleados ingresaban las distintas cantidades", añadían.