El tribunal del jurado que durante esta semana ha juzgado al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas por un presunto delito de cohecho, declaró culpable por unanimidad al acusado de haberse valido de su cargo, a finales de 2006, para exigir a un conocido hotelero mallorquín la contratación "ficticia" de su mujer para aparentar que los ingresos por valor de 42.111 euros totales que percibió del empresario como soborno eran legítimos. Se trata de la segunda vez que el ex ministro se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Entre noviembre y diciembre de 2006 Matas contactó con el administrador del hotel Valparaíso, Miquel Ramis, para que le entregase a su esposa, Maite Areal, 2.938 euros netos cada mes más dos pagas extraordinarias "valiéndose de su posición de presidente" y que, para dar apariencia de legalidad a estos pagos, simulase un contrato para su mujer. Una relación laboral que, sin embargo, fue "fingida", según el jurado, ya que tal y como convinieron tanto Matas como el hotelero, Areal no desarrolló trabajo alguno para el establecimiento turístico. Los miembros del tribunal del jurado han considerado a Matas culpable de aceptar así esta dádiva "en atención a su condición de presidente".

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ratificó su petición de 9.000 euros de multa (100 euros diarios durante tres meses) y el comiso de los 42.111 euros percibidos de forma irregular, mientras que la defensa de Matas, condenado a nueve meses de cárcel por otra pieza del caso Palma Arena, solicitó que los días de multa a imponer por el delito de cohecho no pasen de su mitad inferior. Se trata de unas circunstancias, además, similares a las que se dieron en su día en el caso del enjuiciamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien fue acusado de un delito de cohecho pasivo impropio por considerar que, en virtud de su cargo, recibió de la trama Gürtel regalos en forma de trajes. Tanto Camps como el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa resultaron, no obstante, absueltos en el marco de ese procedimiento judicial.

La sentencia será dictada en próximos días por el magistrado que ha presidido el tribunal del jurado, Juan Jiménez, a partir de las bases sentadas en el veredicto, y podrá ser recurrida -como ya ha anunciado la defensa de Matas- en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB) y, desde ahí, en casación ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el jurado declaró que al acusado no le pueda ser suspendida la pena ni pueda beneficiarse del beneficio del indulto.

Con este escenario, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha puesto fin a la instrucción de la pieza relacionada con las presuntas irregularidades cometidas en los gastos de la campaña electoral del PP para los comicios de 2007, y ha abierto la vía para que, por estos hechos, sean juzgados Fernando Areal, ex tesorero de la formación y cuñado de Matas, y el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero, al ver indicios de delito en su actuación. Según el auto dictado ayer por el juez, los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral, falsedad en documento oficial y mercantil, y malversación de caudales públicos. Con esta resolución, Castro ha acordado la transformación de estas diligencias a procedimiento abreviado, dando paso a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía balear para que presenten su escrito de acusación o, por el contrario, pidan el sobreseimiento de las investigaciones.

El juez apunta a que Nimbus, que organizó parte de la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a precio coste la organización de la campaña electoral del PP para los comicios de ese año.

De hecho, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

El propio Romero reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros. También en relación con la campaña de 2007, constan en la causa tres facturas por servicios prestados con ocasión del mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007, y que según los investigadores fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.