El Gobierno ha anunciado este medidas concretas contra la corrupción sin descartar endurecer el Código Penal, y, aunque entre reproches mutuos por la forma de abordar algunos de estos casos, ha coincidido con el PSOE en que hay que actuar con "contundencia y celeridad" para eliminar esta lacra. La forma de abordar este problema ha protagonizado la primera sesión de control al Gobierno que ha celebrado este año el Congreso a raíz de las preguntas que la oposición ha dirigido implícita o explícitamente a varios miembros del Ejecutivo ante las noticias sobre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Ha habido unanimidad ante la necesidad de poner coto a la corrupción, y el Gobierno, tanto por boca de su presidente, Mariano Rajoy, como de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado medidas en esa dirección como la ley de Transparencia o el encargo al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de un informe sobre la regeneración democrática.

Pero ha sido la vicepresidenta quien, en respuesta a una pregunta de la diputada de UPyD Rosa Díez ha garantizado que habrá medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y que, si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará. Los casos presentes y pasados de corrupción en los partidos han dado pie a varios rifirrafes dialécticos.

Entre ellos, el de Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que han hablado de corrupción sin citar explícitamente en ningún momento el caso Bárcenas. Si Rubalcaba ha dicho que el PP tiene "un problema de corrupción" ante el que ha instado a Rajoy a actuar con "contundencia, celeridad y ejemplaridad", el jefe del Ejecutivo le ha recomendado que él haga lo mismo, sin mencionar tampoco en momento alguno el caso Amy Martin que ha afectado a la Fundación Ideas del PSOE. Pero el dirigente socialista ha querido marcar diferencias asegurando que el PSOE hace muchos años que aprendió la lección "para siempre" (en alusión al caso Filesa), mientras que el PP "se fue de rositas con triquiñuelas legales" (en referencia al caso Naseiro). "Se creyeron impunes, y eso es lo que están pagando ahora, porque la impunidad en este país, por suerte, ya no existe", ha subrayado.

Una intervención en la que el presidente del Gobierno le ha dicho que "no ha estado muy afortunado". "Supongo -ha remachado- que la situación de su partido le obliga a hacer esos papelones". En respuesta a una pregunta previa del líder de IU, Cayo Lara, Rajoy ha asegurado que trabajará en busca de un acuerdo contra la corrupción con todos los partidos, a los que ha invitado a sumarse a esa voluntad de consenso. La vicepresidenta ha subrayado, por su parte, que la corrupción política "no conoce de colores" y, por ello, ha abogado por pactar entre todos las nuevas medidas.

A ella se ha dirigido la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, para asegurar que resulta "insoportable" la mera sospecha de que desde el Gobierno se haya hecho "alguna actuación" para ayudar a Bárcenas haciéndole "un traje a medida" con la amnistía fiscal. "Para reprender no hay que tener falta. Y usted, según lo que hemos visto estos días, tiene alguna sentada en su bancada", le ha respondido la vicepresidenta.

A la amnistía fiscal se ha referido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante una pregunta del socialista Pedro Saura en la que le ha pedido explicaciones por no investigar el origen del capital de cada uno de los expedientes de esa amnistía. Montoro ha advertido de que no se pueden perseguir las bases imponibles de la amnistía fiscal que ya han prescrito, pero ha asegurado que los inspectores pueden acceder a todos los expedientes de esta regularización especial.

Cayo Lara, en su pregunta a Rajoy, ha pedido un plan serio contra la corrupción. "Si no -ha advertido-, la bomba de Bárcenas le estallará probablemente al Gobierno". La corrupción política ha sido definida por Rosa Díez como "delincuencia organizada" y ha considerado que "han terminado los tiempos de las palabras y de los grandes pactos vacíos de contenido" y hay que plantear ya reformas legales.

A una pregunta más sobre este asunto ha tenido que responder el Gobierno. La diputada de Amaiur Maite Ariztegui la ha dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para saber si el Ejecutivo "va a depurar las estructuras del Estado para acabar con la corrupción". Gallardón ha negado legitimidad a los diputados de Amaiur para criticar la corrupción y "dar lecciones de honestidad", cuando ellos, ha dicho, han "acompañado a la más putrefacta organización que ha tenido este país en su historia", en referencia a ETA.