La radio municipal sale adelante con las reservas de la oposición

El pleno ordinario celebrado en la mañana de ayer aprobó la puesta en marcha de la nueva radio municipal, a través de la encomienda de gestión realizada a la empresa municipal El Puerto Global. El informe económico para el arranque de la emisora, el reglamento interno y otros detalles previos a su puesta en marcha salió adelante no sin críticas por parte de la oposición municipal, que no termina de creerse que el funcionamiento de este medio de comunicación vaya a salir gratis a las arcas municipales.

El grupo más crítico fue Independientes Portuenses, que votó en contra de la propuesta, mientras que IU se abstuvo y el PSOE dio un voto de confianza al equipo de gobierno, aunque su portavoz anunció que estarán vigilantes sobre este asunto.

El concejal de Comunicación, Raúl Capdevila, defendió el proyecto y aseguró que se financiará exclusivamente con publicidad externa, lamentando que cuando gobernaba IP Hernán Díaz concediera ilegalmente la licencia a una empresa privada y ahora este mismo grupo critique la legalización de dicha licencia.

Las reservas de IU se centraron también en el momento elegido para la puesta en marcha de este nuevo servicio, en un momento en el que hay muchas otras necesidades sociales. En el mismo sentido se pronunció el PSOE, quien pidió además una mayor participación de los grupos de la oposición en el control de los contenidos.

A la sesión de ayer acudieron a protestar diferentes colectivos como la plataforma contra la zona naranja, los inquilinos de las viviendas municipales y los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales (CRA), recientemente adjudicado a FCC y en el que se prevén próximamente una docena de despedidos.

Otro de los asuntos que se abordaron en la primera parte del pleno fue la aprobación del reglamento municipal para la plaza de abastos, otro de los puntos que defendió Capdevila, en este caso como edil de Comercio. La oposición se quejó de no haber tenido participación en la elaboración del reglamento, lo que fue contestado por el concejal con la muestra de un correo electrónico enviado a todos los grupos con el borrador de la ordenanza para que presentaran las aportaciones o alegaciones oportunas. Los grupos de la oposición se abstuvieron en la aprobación del documento y todos anunciaron que presentarán alegaciones.

Se aprobaron también las tarifas para el próximo año tanto de los taxis como de los autobuses, que subirán el porcentaje correspondiente al IPC, aunque en el caso de los autobuses el billete sencillo no verá incrementado su precio.

Por unanimidad se aprobó una propuesta solicitando a la Junta de Andalucía la adaptación de los puestos escolares para menores con necesidades especiales, punto que defendió la asociación de discapacitados físicos La Gaviota y que contó con la intervención del padre de una alumna que carece del equipamiento adecuado en el colegio público de Valdelagrana.

La moción presentada por Izquierda Unida, relativa a la modificación de los nombres de algunas calles con arreglo a la Ley de Memoria Histórica, salió adelante por unanimidad en el sentido de que será revisado el callejero para adaptarlo a la legalidad, aunque se desechó la convocatoria de una comisión de seguimiento sobre este asunto.

Como punto de urgencia, se aprobó la adjudicación a Urbaser de la gestión del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR), que pasa a ser mediante la modalidad de riesgo y ventura y que ahorrará a las arcas municipales en torno a un millón de euros anuales.

La sesión de ayer contó con menos concejales de lo que es habitual, ya que había tres ausencias relacionadas con las recientes dimisiones de los ediles Antonio Díaz Aznar (Independientes Portuenses), Aouicha Ouaridi (PSOE) y Diego Muñoz (PP). También estuvieron ausentes la andalucista María Antonia Martínez Valera y la socialista Carmen Matiola. Entre el público se encontraban los futuros ediles Carmen Vaca (IP) y Ángel González (PSOE).

Por parte del público hubo varias intervenciones, entre ellas la de un miembro de la plataforma de la Zona Naranja, en el punto en el que la oposición municipal pedía la convocatoria de una junta general extraordinaria para presentar las cuentas de la reciente campaña. Todos los grupos de la oposición criticaron la medida, que tildaron de recaudatoria, y reclamaron las cuentas, a lo que el gobierno municipal respondió que se les entregarían una vez que estuviese cerrado el ejercicio.

Desde la oposición lamentaron que no se hayan tenido en cuenta las 13.000 firmas ciudadanas presentadas contra la zona naranja y pidieron al gobierno local "más transparencia".