El pleno municipal ha aprobado finalmente, con los votos del equipo de gobierno (PSOE-IU) y Levantemos y la abstención de PP y Cs, el reconocimiento del pago del déficit de Suvipuerto en 2018, con lo que la sociedad podrá cobrar los 44.223 euros que le adeuda el Ayuntamiento, en concepto de compensación por la gestión de las viviendas sociales y del registro de demandantes, garantizando el abono de las nóminas a su plantilla y la continuidad de la gestión de la sociedad, que necesitó el pasado año un total de 449.000 euros para seguir adelante.

El pleno extraordinario se celebró esta mañana con la ausencia de dos concejales del PP, uno de Ciudadanos, otro del PSOE, dos de Levantemos y el concejal no adscrito, aunque el cambio del sentido del voto de los grupos de la oposición tras la reunión que han mantenido estos días con la plantilla y con el Consejo de Administración de Suvipuerto, permitirá librar los fondos para la empresa municipal, en base a un convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento, que es de obligado cumplimiento. Entre el público se encontraba la plantilla de Suvipuerto y miembros de la Coordinadora de Viviendas Municipales.

El pleno tuvo un indudable trasfondo electoral, ya que tanto el PP como Cs aprovecharon para poner sobre la mesa el modelo de gestión que ellos proponen para la empresa de vivienda Suvipuerto.

Abrió el debate la concejala de Vivienda y presidenta de Suvipuerto, Matilde Roselló, que explicó que el dinero que se adeuda a la sociedad es la compensación por una serie de trabajos que ha realizado y que vienen recogidos en los convenios firmados.

La oposición lanzó duras críticas sobre la gestión de Suvipuerto. En este sentido, Silvia Gómez (Cs) subrayó que "el caso de Suvipuerto lo damos por perdido en este mandato", y aseguró que la empresa necesita un giro en su gestión, abogando por que se modifiquen los estatutos y se le hagan encomiendas de gestión nuevas. Justificó la abstención de su grupo "para salvar las nóminas de los trabajadores".

Por su parte, el PP, a través de su portavoz Germán Beardo, que también se ha reunido en estos días con la plantilla, aprovechó la ocasión para criticar el modelo de gestión de la empresa, con el que mostró en desacuerdo. Abogó por el contrario para que se gestione como una empresa de vivienda y suelo, con un plan municipal de construcción de viviendas en el centro y poniendo en valor los suelos de Suvipuerto, cuyo patrimonio asciende a 32 millones de euros. "Se puede exprimir más", sentenció en referencia a la sociedad municipal. A su juicio, Suvipuerto "no está para asumir la renta 0" de decenas de familias. Por ello insistió en que se dedique a la promoción de viviendas "y que las políticas sociales se hagan desde Bienestar Social". Este enfoque fue apoyado igualmente por Silvia Gómez, que pidió un cambio de estatutos y que Bienestar Social gestione los casos de las familias con escasas rentas. 

Por su parte Levantemos, a través de su portavoz Irene Arana, criticó a IU porque a su juicio "metió miedo a los inquilinos en una rueda de prensa", y pidió a la presidenta de Suvipuerto que explique qué medidas se han llevado a cabo dentro Plan de Viabilidad de la empresa, instando a buscar financiación externa dándole servicio a otras empresas. A pesar de ser parte de la oposición, Levantemos fue muy dura con el PP, y criticó la fórmula planteada para dejar a los inquilinos que pagan renta 0 en manos de Bienestar Social, rechazando este enfoque asistencial. Además preguntó a Germán Beardo "con qué vamos a pagar las nuevas promociones" en la situación económica actual, y le invitó a "mirar la realidad de la ciudad". Recordó por último que ese modelo de gestión ya aplicado en la etapa de Gobierno PP-PA dejó a la empresa con 4 millones de euros de deuda.  

La presidenta de Suvipuerto Matilde Roselló retomó la palabra para recordar que los fines de la empresa municipal "son sociales", y le recordó al PP y a Cs que existe un estudio de viabilidad realizado por Fomento y el área Económica. Descartó que la empresa asuma el modelo de "inmobiliaria pura y dura que propone la derecha" y adelantó que se está trabajando para poder ampliar sus estatutos y asumir nuevos encargos que supondrán ingresos adicionales para la sociedad municipal. Recordó además que desde 2014 prácticamente todos los años los costes de Suvipuerto ascienden a unos 400.000 euros, aunque el año pasado se incrementaron para poder atender unas sentencias judiciales.

Por su parte, el concejal de Economía, Antonio Fernández, criticó el tono de precampaña del debate de pleno, y manifestó que con las intervenciones "ha quedado claro que el PP aboga por el cierre de Suvipuerto y Ciudadanos por subir las rentas a los inquilinos".   

Cerró la sesión el alcalde David de la Encina, que quiso recordar que lo que se estaba aprobando es el reconocimiento de una cantidad económica por un servicio prestado por Suvipuerto al Ayuntamiento, y que en caso contrario la sociedad lo podría reclamar en el juzgado. Además, quiso dejar claro que el Ayuntamiento apoya que en El Puerto haya una empresa pública de vivienda, "porque es una obligación facilitar el acceso a la vivienda social". Criticó por último la postura de la oposición: "Aquí cuando toca hacer caja, para el PP lo más fácil es vender", para concluir defendiendo el actual modelo, donde "cada vivienda municipal tiene un coste al año de 100 euros para Suvipuerto".