"Desactivar las mentiras de la oposición sobre Suvipuerto". Con esta objetivo ha convocado Izquierda Unida esta mañana una  rueda de prensa en su sede de la calle Larga, con la presencia de su portavoz Antonio Fernández, la presidenta de la empresa municipal, Matilde Roselló, y el candidato de la coalición a la alcaldía, José Luis Bueno. Los tres concejales de la coalición han querido salir al paso de los argumentos del Partido Popular y Ciudadanos para criticar la gestión municipal en Suvipuerto, después de que esta misma oposición rechazara una moción en pleno para destinar 44.223 euros a la empresa, una cantidad que no sobrepasa el límite previsto en 2018 para dicha sociedad (447.497 euros).

El portavoz de IU, Antonio Fernández, ha querido destacar que la empresa municipal "no está en pérdidas", como asegura la oposición, "no tiene una alta tasa de morosidad ni ha abandonado su función social".

Por su parte, la presidenta de Suvipuerto, Matilde Roselló fue la encargada de sostener estas afirmaciones mostrando datos, y acusó a Ciudadanos y al PP de "lanzar bulos" en relación a la situación de la empresa, cuyo Consejo de Administración abandonaron ambas formaciones. La concejala de Vivienda ofreció gráficas. La primera de ellas de ganancias y pérdidas, que reflejan que la empresa cerró el ejercicio 2017 con saldo favorable de 98 euros; cantidad que se incrementó hasta 6.343 euros en 2018. En cuanto a la tasa de morosidad de los inquilinos, mostró también una gráfica que refleja que desde el año 2016 esta se ha reducido prácticamente a la mitad. Con una tercera gráfica explicó no se ha desatendido en modo alguno la situación social de los inquilinos, de los cuales 237 familias pagan renta 0; otras 41 abonan 25 euros; otras 4 pagan 50 euros; 8 familias pagan 75 euros; y 14 familias abonan 100 euros.  

La presidenta de Suvipuerto acusó al PP de "querer unas rentas que arrojen unos beneficios como si la empresa municipal fuera una inmobiliaria", y destacó la labor realizada por los trabajadores sociales y el personal de la sociedad para diseñar un calendario de pagos a los inquilinos, con el cual está disminuyendo el nivel de morosidad al que existía en 2014. Incidió además en que "no es cierto que permitamos que la gente no pague", como le acusa la oposición. 

Aunque la presidenta admitió que ha habido dos años en que la empresa ha tenido que hacer frente al pago de sentencias judiciales, desde 2014 a 2018, la cifra alrededor de 400.000 euros que ha venido pagando el Ayuntamiento a Suvipuerto "ha variado poco", defendiendo que las cantidades que se abonan a la empresa "son una inversión social que palía las necesidades de vivienda de familias con escasos recursos".

Antonio Fernández recordó que esas cantidades "se pagan por las encomiendas que tiene realizada la empresa", y subrayó que Suvipuerto "no está en quiebra, insolvencia, ni en ninguna situación catastrofista". Invitó a la oposición de PP y Cs a que conozca los datos reales de primera mano, ya que no están en el Consejo de Administración. 

Matilde Roselló instó a Ciudadanos a que aclare "qué medidas contundentes propone para la empresa: si quiere cerrar Suvipuerto; despedir al personal o subir los alquileres a los inquilinos". Sobre esta misma cuestión, afirmó que frente al PP, que "habla de cerrar la empresa, nosotros vamos a trabajar por las personas vulnerables". 

Matilde Roselló convocará la próxima semana una reunión del Consejo de Administración con la oposición para darles los datos. Una vez que se celebre la reunión, que se convocará a principios de la próxima semana, la voluntad de Izquierda Unida y de la concejala de Vivienda es volver a llevar el asunto a pleno extraordinario, para que se libre la cantidad que necesita la empresa municipal, que cuenta con el visto bueno de la Intervención. El pleno será a finales de la próxima semana. 

IU ha querido recordar que los fondos que se le asignan a Suvipuerto proceden de un convenio por el cual la empresa municipal realiza una serie de trabajos que son remunerados por el Ayuntamiento: gestión del parque público de viviendas, Registro de Demandantes y mantenimiento del parque de viviendas municipales. 

El portavoz Antonio Fernández ha recordado que el convenio es de obligado cumplimiento; la empresa hace un trabajo y repercute una factura, y expresó su deseo que no tener que demandar al Ayuntamiento para poder cobrar la cantidad que se adeuda a Suvipuerto.