Una nueva traba se asoma al procedimiento para la regularización de las áreas (ARGs) que se encuentran inmersas en este ambicioso proyecto.

Cuando parecía que con la modificación de la ordenanza municipal, el pasado verano, se solventaban las pegas existentes para agilizar este proceso, ahora surge un nuevo escollo que hace que unas 1.200 familias que ya están inmersas en la legalización de sus viviendas no vean claro el futuro.

Los representantes de los Consejos Rectores de doce Juntas de Compensación han denunciado lo que consideran la “falta de atención por parte del gobierno municipal, y especialmente del alcalde, David de la Encina, en los procesos de desarrollo urbanístico que desde hace unos años hemos emprendido”.

Consideran que la instalación de paneles acústicos no es de aplicación en este caso"

La gota que ha colmado el vaso ha sido la nueva exigencia  técnica a los implicados en este proceso. Se trata de los estudios acústicos que en este tipo de suelo urbano no consolidado, según los afectados, se entiende que no deben ser exigidos, según diversos argumentos que comparte incluso la asesoría jurídica de Urbanismo y que ya se han expuesto en repetidas ocasiones al Ayuntamiento.

Ya el pasado mes de julio los representantes de estas ARGs, a través de los profesionales que llevan la dirección técnica del proceso, reclamaron la implicación directa del alcalde ante la Junta de Andalucía, haciendo valer que en las ARGs de El Puerto este nuevo requisito “no es de exigir, dada la consolidación de este tipo de suelo”. Y es que además exigir ahora el cumplimiento de este nuevo trámite (las dos primeras ARGs que aprobaron sus PERIs no lo necesitaron) supone un nuevo y considerable coste añadido, pues conllevaría la implantación de kilómetros de paneles acústicos, nuevas demoras en los plazos de tramitación y otro perjuicio para los ya de por si costosos gastos que el proceso de urbanización supondrá para los implicados”.

El colectivo tenía cita con el alcalde el 13 de diciembre, pero la fecha está ahora en el aire

Estos vecinos recuerdan que el alcalde, en una asamblea celebrada en julio, se comprometió a liderar esta mediación ante la Junta, aunque desde entonces “nada se ha hecho y por lo tanto, nada se ha resuelto”.Se da la circunstancia, además, de que David de la Encina, ante la desesperación de este colectivo, había dado cita a estos representantes para el próximo día 13 de diciembre, fecha en la que se les iba a trasladar una solución. Ahora, debido a la baja de paternidad de la que disfruta el alcalde, parece que esa cita no se va a producir.

Los representantes de las juntas de compensación afectadas aseguran no poder esperar más y anuncian próximas movilizaciones ante lo que vienen considerando “una falta de atención e implicación municipal”.

Los equipos técnicos que asesoran a estos vecinos también han venido denunciando en estos años dicha falta de atención, al considerar que el gobierno local está obviando a una parte de la ciudad, a pesar incluso de la existencia de  sentencias judiciales que reclaman actividad en los trámites al Ayuntamiento.

Recientemente se les ha trasmitido a estos profesionales que todo el trabajo de los funcionarios municipales se va a volcar en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico y su Entorno (Peprichye), que consideran de indudable importancia pero que según consideran “no justifica que se obvie al resto de la ciudad, muy importante también, y que tiene trámites en espera desde hace meses”.

Los representantes de los colectivos afectados consideran que “a pesar de la importancia que este fenómeno va a suponer para la ciudad,  generando unos importantes ingresos por aprovechamientos urbanísticos al Ayuntamiento y sinergias económicas a través de las obras de urbanización correspondientes, nos encontramos repetidas veces con infinidad de trabas, lo que unido a las demoras interminables en la tramitación llevan a puntos de tensión dentro de los colectivos, que no ven correspondido su esfuerzo económico por parte del Gobierno municipal, por lo que valoramos llevar a las próximas  asambleas, a celebrar según sus estatutos en el mes de diciembre, la aprobación de  movilizaciones al reclamo de una mayor implicación municipal en este proceso”. 

Hay que señalar que sólo este grupo de unidades suma, entre pagos por aprovechamientos e inversiones, más de 80 millones de euros, lo que da una idea del movimiento económico que generaría el proceso una vez completado.