El bufete Yrigoyen hace constar que su reciente contrato con el Ayuntamiento y la defensa de Jesús Garay son dos actos "independientes entre sí"

En ejercicio de su derecho de rectificación, el director del despacho de abogados Yrigoyen, Miguel Pérez de Yrigoyen, quiere hacer constar que, en relación al reciente contrato que se les ha adjudicado por parte del Ayuntamiento, este procedimiento nada tiene que ver con la defensa de Jesús Garay tras su reciente imputación en el caso del trenecito a Puerto Sherry.

Manifiesta que al hacerse referencia en sendas publicaciones a ambas cuestiones "se relacionan hechos absolutamente independientes entre sí y, cuya inadecuada vinculación, afecta gravemente tanto a mi honor y reputación profesional como a la del despacho de abogados que represento".

Según Pérez de Yrigoyen estos dos asuntos son "la comunicación que el señor Garay Garrucho ha realizado al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre su derecho a la libre elección de profesionales jurídicos –abogado y procurador– para la defensa de los asuntos judiciales que le competen"; y en segundo lugar "la adjudicación a nuestro despacho de abogados de un contrato de asesoría jurídica del Ayuntamiento para la representación de la corporación municipal en procedimientos judiciales".

Yrigoyen quiere hacer constar que "el señor Garay Garrucho ha comunicado al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María su opción de libre elección de profesionales jurídicos que le representen y asistan en los procedimientos judiciales que le competen. Lo que el señor Garay Garrucho realiza tiene su amparo en lo dispuesto en el artículo 13.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF) y en el Y, también, al amparo de lo dispuesto en el el artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL). Ambos preceptos establecen el derecho de los miembros de la Corporación (…), a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo. Efectivamente, el señor Garay Garrucho ha decidido libremente confiar su defensa en los procedimientos judiciales que le competen en nuestro despacho de abogados y, en particular, en el abogado que suscribe, Miguel Pérez de Yrigoyen y de Yrigoyen".

El abogado añade que "quizá lo anterior tenga algo que ver con la experiencia profesional de nuestro despacho, que acumula un bagaje profesional en la provincia de más de 20 años, y que ha supuesto que números cargos electos de todo el espectro político hayan confiado su defensa jurídica en este despacho y el señor Pérez de Yrigoyen y de Yrigoyen en particular, quien acumula una experiencia profesional en ámbito del derecho de más de 25 años. Por último, y de forma absolutamente autónoma e independente de lo anterior, nuestro despacho de abogados ha resultado adjudicatario de un contrato público de servicios profesionales para la defensa jurídica del Ayuntamiento, que no de sus miembros corporativos o empleados, en aquellos procedimientos judiciales que se siguen contra la propia corporación municipal. El reseñado procedimiento de licitación se ha realizado con todas las garantías procedimentales y conforme a los criterios establecidos en la Ley de Contratos del sector público y se ejecutará bajo la dirección de técnica de un funcionario municipal que determinará los asuntos judiciales que el despacho adjudicatario deberá asumir, siempre que sean contra el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como ente público", aclara.

Para el abogado "incluir en la misma noticia dos hechos absolutamente independientes como son la referida al señor Garay con la noticia de la adjudicación a nuestro despacho de un contrato de asesoramiento jurídico para el Ayuntamiento sólo busca confundir al lector, dándole a entender que ambas circunstancias están íntimamente relacionadas o que el contrato público es para la defensa de los asuntos personales del señor Garay Garrucho, y pretende confundir sobre la profesionalidad e independencia del despacho y sus profesionales, y afecta gravemente al honor y la reputación personal y profesional tanto del despacho como de sus profesionales, y en particular del señor Pérez de Yrigoyen, que es a quién se refiere la noticia".