El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha firmado un decreto mediante el cual se designa al concejal del Partido Popular Millán Alegre como instructor del expediente abierto en el Ayuntamiento, a raíz de la reclamación patrimonial presentada por la anterior interventora municipal, por  la que reclama a la institución una indemnización de 150.000 euros por acoso moral.

La encargada en principio de resolver este expediente debería haber sido la edil de Seguridad, Marina Peris, ya que desde septiembre de 2022 tiene la delegación de competencias en materia de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial.

El pasado 13 de enero la exinterventora presentó un escrito ante el Ayuntamiento para que se reconociera un presunto acoso moral ante ella por parte de la administración local, solicitando ser indemnizada con 150.000 euros. Se da la circunstancia de que en el escrito presentado se esgrime que el acoso moral fue infringido por un determinado número de personas, entre ellas la delegada de Seguridad, por lo que resulta necesafrio que se abstengan en el procedimiento todos aquellos cargos o empleados  públicos que puedan tener una relación directa con este expediente.

Por todo ello el decreto de Alcaldía determina delegar la competencia para resolver el expediente en el teniente de alcalde Millán Alegre.

La exinterventora acusa en su escrito al alcalde, Germán Beardo, a los concejales Javier Bello y Marina Peris, al asesor del alcalde Antonio Caraballo y al gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, además de a varios altos cargos técnicos municipales, de haber cometido contra ella un acoso moral en el ámbito de la función pública, presentando un completo informe de 42 páginas en el que detalla numerosas situaciones concretas y ejemplos de lo que considera un hostigamiento continuado. Este acoso también le obligó a cambiar de destino profesional, lo que ha supuesto abandonar sus funciones como habilitada nacional.