Ecologistas en Acción ha remitido una extensa denuncia al alcalde, David de la Encina, que también es el presidente de la empresa de aguas, Apemsa, en la que se exponen los supuestos incumplimientos de la empresa Aqualia en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Las Galeras, cuyos vertidos a la bahía siguen superando, según el colectivo, "todos los parámetros de calidad exigidos en la normativa y en el contrato para su gestión". Según los ecologistas "las penalizaciones que se le podrían haber impuesto a Aqualia por este incumplimiento de contrato, sólo en los últimos cinco años, superarían el millón de euros".

En el informe que el colectivo ha remitido al alcalde se demuestra, según afirman, que "de nuevo en 2017 la Edar ha incumplido la normativa legal sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y el contrato suscrito con Apemsa para la gestión explotación, mantenimiento y conservación de la depuradora Las Galeras, actualmente finalizado, aunque Aguas de las Galeras-Aqualia la sigue gestionando en contra del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento".

Ecologistas en Acción entiende que el equipo de Gobierno "no puede tener más excusas ni demoras para actuar contra Aqualia y aplicar las penalizaciones que estipula el Pliego de Condiciones técnicas, económicas y administrativas de la concesión de la depuradora", y aseguran que "el informe anual que realiza la Consejería de Medio Ambiente en relación con el cumplimiento de la normativa estatal sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, todos los años concluye que Las Galeras es 'no conforme' por exceso de materia orgánica en las aguas que vierte a la Bahía.

Por todo ello los ecologistas han solicitado al alcalde y presidente e Apemsa "que se cumpla con el acuerdo de Pleno de 14 de diciembre de 2016 y se asuma de forma inmediata la gestión directa de la Edar por parte de Apemsa".

Por su parte, Aqualia desmiente estas acusaciones y se remite a la declaración anual de vertidos de 2017, indicando que "solo hubo ocho muestras no conformes de las 389 analizadas en el año 2017, quedando ampliamente por debajo de 25, número máximo permitido de muestras no conformes que establece la ley". Estas muestras fueron tomadas por Apemsa y por un laboratorio externo realizado por una empresa colaboradora de la Junta de Andalucía.