El Puerto

Despiden a una discapacitada que se negó a trabajar más de lo acordado

  • Denuncia las maniobras de la empresa para cobrar ayudas por contratar minusválidos

Una trabajadora de la empresa Aldi Servicios Integrales ha sido despedida después de que se negara a trabajar en unas condiciones superiores a lo que estaba estipulado en el contrato. La afectada, Alejandra Ruiz, es discapacitada al 45% y estaba contratada desde hacía dos años por esta empresa que se dedica a la colocación de personas con minusvalías en otras empresas. En concreto, Ruiz trabajaba en las instalaciones de Oetiker España, en el polígono industrial de Las Salinas, supuestamente, al 80 por ciento de la producción normal, debido a su condicionante físico. Sin embargo, la afectada asegura que desarrollaba trabajos superiores a lo establecido, igualándose en rendimiento al resto de compañeros sin minusvalías, pero siempre cobrando menos de la mitad que ellos (662 euros). Además, denuncia que sólo ha podido coger siete de los 30 días de vacaciones que le correspondían.

El problema surgió cuando, hace poco más de un mes, los responsables de Oetiker exigieron aumentar la producción, imposibilitando a la afectada a que se pudiera levantar de su asiento para hacer los descansos necesarios por su discapacidad. Ante estas condiciones, Ruiz se negó, aduciendo sus problemas físicos como impedimento para estar tanto tiempo sentada frente a la maquinaria.

A los pocos días, Oetiker comunicaba a Alejandra Ruiz que prescindía de su servicio y, su verdadera empresa, Aldi, rescindía su contrato por el "enfrentamiento con jefes y supervisores en su lugar de trabajo". Algo que ella niega en todo momento.

La afectada asegura sentirse engañada por Aldi, puesto que era ésta la que debió defenderla cuando Oetiker la obligaba a trabajar como todos los demás, pero cobrando menos. De hecho, unas de las ventajas que Aldi le ponía sobre la mesa para que aceptara el sueldo reducido era precisamente la estabilidad laboral, con un contrato indefinido, que a la vista está que no ha servido para nada.

Ruiz, indignada, acusa a la empresa de contratar trabajadores discapacitados simplemente para cobrar las subvenciones a las que se pueden acoger por ello.

Aldi, en un principio, le ofrecía 2.800 euros de indemnización, pero luego, según Ruiz, le dijeron que no le ofrecían nada porque el despido era procedente. Ya por último, le ofrecen 3.500 euros para zanjar el asunto, que ella rechaza, dado que su abogado calcula que lo que le corresponde son unos 5.000 euros.

No obstante, Ruiz seguirá reclamando la improcedencia del despido y continuará su lucha a través de los cauces legales que tiene a su disposición.

Ni los responsables de Aldi, en Sevilla, ni los de Oetiker España, en El Puerto, han querido dar su versión de lo ocurrido.

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