El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se refirió ayer a las repercusiones que tendrá el aumento del paro sufrido en los últimos meses y cifró entre 2.500 y 3.000 millones de euros el coste adicional que supondrá este repunte del desempleo para el Estado. Además, dejó entreabierta la puerta a una posible recesión, aunque afirmó que el Gobierno "no trabaja, de momento, con esa hipótesis" y consideró que, a pesar de todo, el cobro de pensiones está garantizado. Así, indicó que "la luz empezará a verse en la segunda mitad del año que viene".

Este año serán los Servicios Públicos de Empleo, antiguo Inem, los que asuman ese coste adicional, aunque en 2009 tendrá que ir en los Presupuestos Generales del Estado, lo que "conllevará un esfuerzo de menos gasto en otro tipo de actividad". Aun así, el ministro insistió en que el cobro de las pensiones está garantizado.

Paralelamente, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió también ayer que el paro podría alcanzar el 12,4% de la población activa el próximo ejercicio (ahora está en el 10,4%, de acuerdo con las cifras de junio), según las previsiones oficiales con las que trabaja el Gobierno central. Corbacho añadió que estos datos también revelan que será a partir de 2009 cuando la economía se reactivará, con lo que la ocupación subirá.

Ante este contexto, el ministro defendió su propuesta lanzada la semana pasada de limitar la contratación en origen a casos muy concretos, y admitió que, cuando hizo pública esta iniciativa, quizá no hizo una exposición "lo suficientemente amplia para que hubiera sido comprendida al 100%".