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Juegos en el país de la crisis

  • Zika, recesión, corrupción, presidenta suspendida... Brasil afronta la gran cita con la amenaza de un peligroso efecto bumerán.

Zika, crisis económica, escándalos de corrupción y una presidenta ausente: cuando Brasil inaugure sus Juegos Olímpicos este viernes ya no será la potencia ascendente que se ganó en 2009 el derecho a ser la primera sede olímpica de Sudamérica.

En Brasil, el país del futuro latinoamericano, corren tiempos duros. Su economía se desplomó en 3,5% en 2015 y las previsiones para este año también apuntan a una fuerte contracción económica. El mismo estado que bajo la presidencia de Lula da Silva sacó hasta 2010 a más de 40 millones de personas de la pobreza, ya tiene a casi 11,5 millones de desempleados.

Desde mediados de 2015 es el epicentro además de la epidemia del zika, una de las enfermedades que más preocupan en el mundo por asociarse a casos de microcefalia en recién nacidos. Más de 165.000 personas están bajo sospecha de contagio y los casos confirmados de microcefalia o trastornos similares en bebés ascienden a 1.700, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Y está, claro, la crisis política. La presidenta Dilma Rousseff no estará en la apertura de Río 2016. "No pretendo participar en los Juegos en una posición secundaria", avisó Rousseff, que sí estará en la tribuna de invitados junto a Michel Temer, su vicepresidente y actual jefe de Estado interino.

La mandataria está suspendida del cargo desde mayo por acusaciones de haber maquillado los presupuestos públicos, y podría ser destituida definitivamente en las próximas semanas.

También Lula, el padre de los Juegos, se ausentará de la ceremonia de apertura. Según el diario Folha de Sao Paulo, el ex presidente declinó la invitación que le hizo llegar el COI.

El peor escenario para Temer sería que durante su aparición en el Maracaná lo acompañe un concierto de silbidos y de insultos, como le ocurrió a Rousseff en el inicio del Mundial de fútbol en 2014.

Temer, enemigo de la presidenta desde que apoyó el proceso de investigación en su contra, tiene el nivel de popularidad por los suelos: sólo el 14% de la población aprueba su gestión, según una encuesta reciente. Pero le queda el consuelo de que aún no se han producido protestas sociales similares a las que empañaron las semanas previas a la Copa del Mundo.

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