“Yo no he salido de España en mi vida. Os lo digo de corazón. La única vez que he viajado al extranjero ha sido ésta. Y si tengo que ir a la Luna para defender a los marineros del sector pesquero de Sanlúcar, iré a la Luna”. Antonio Romero tiene 73 años. Cuando tenía doce ya iba a la mar. Tete, como es conocido en su pueblo, comparece ante los medios de comunicación en el Parlamento europeo. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar acaba de salir de una reunión con representantes de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DGMare), dependiente de la Comisión Europea de Pesca.

Así arrancó una apretada agenda de encuentros en Bruselas para abordar las amenazas que se ciernen sobre el futuro del sector pesquero de Sanlúcar. El eurodiputado de Izquierda Unida integrante del grupo parlamentario The Left, Manu Pineda, acompañó a una delegación sanluqueña integrada por la diputada provincial y portavoz municipal, Carmen Álvarez, otros dirigentes locales de la coalición y representantes de la Cofradía de Pescadores, además del trebujenero Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU.

En lo que se refiere al sector de la pesca de arrastre, que supone la mitad de la flota sanluqueña, en torno a 55 barcos, la amenaza se llama Plan de acción para la conservación de recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos, una propuesta de la Comisión Europea que en cuestión de días ha concitado el rechazo unánime de los estados miembros, las administraciones de los distintos ámbitos de España y las diferentes organizaciones del sector.

En el caso de Sanlúcar, este plan que propone la eliminación completa de dicha modalidad de pesca en 2030 se concreta en la denominada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Golfo de Cádiz, espacio marino de la Red Natura 2000 comprendido entre la desembocadura del río Guadalquivir y el municipio onubense de Ayamonte. En clave pesquera, un caladero de vital importancia para el mantenimiento del sector.

José Carlos Macías, técnico de la cofradía que ejerció de portavoz sectorial en las reuniones, explicó que “hemos venido a defender la pesca, al pescador”. “Los barcos de Sanlúcar son empresas familiares que genera mucho empleo y riqueza. Hemos pedido a los representantes de la Comisión Europea que vean la pesca como una fuente de empleo y de productos del mar saludables”. En cuanto a la pesca de arrastre, lamentó que dicho organismo “la está demonizando en los últimos tiempos”. “Este arte no es bueno ni malo, sino cómo se ejerza la pesca”, aseguró.

La cofradía sanluqueña expuso en Bruselas que “en Sanlúcar, la pesca de arrastre es muy sostenible, de bajura, del día, de barcos pequeños”. “De hecho, en los últimos 20 años nuestras capturas vendidas en lonja han sido bastante estables”, destacó Macías.

Los representantes de los pescadores también pidieron a la DGMare una “revisión” de la Política Pesquera Común (PPC), de manera que “sitúe bastante más el foco en las personas, en el empleo y en la actividad socioeconómica, y no tanto en el medio ambiente”. Esta entidad sectorial de Sanlúcar entiende que “la pesca no es el problema para el medio ambiente. Éste tiene otros muchos problemas, como las actividades industriales o los vertidos”.

De acuerdo con su análisis de la situación, no paran de aumentar las restricciones a la actividad pesquera de los estados que integran la UE al tiempo que se incrementa la entrada de pescados de “dudosa calidad sanitaria” procedentes de terceros países, lo que pone de manifiesto que, en contra de lo que impone la lógica, la Comisión Europea no está defendiendo al sector al que se debe.

Hablar de la pesca de arrastre en Sanlúcar es hablar de más de un centenar de especies: chocos, acedías, puntillitas, calamares, gambas, galeras, corvinas... De hecho, la cofradía asevera que lo que está sobre la mesa también es un problema de “seguridad alimentaria”, de lo que aporta el sector pesquero a la población en términos de alimentos muy saludables.

La principal reunión de la agenda sanluqueña en Bruselas concluyó dejando en la Cofradía de Pescadores “una buena sensación en el sentido de que, al menos, nos han escuchado, hemos podido trasladarles nuestra problemática”. “Sanlúcar no se puede pensar sin la pesca, es una ciudad que desde el punto de vista histórico y socioeconómico depende de la pesca”, sentenció Macías.

Con o sin micrófono por delante, Tete se expresaba en los mismos términos:“es una pena que se presione tanto a los pescadores, cuando lo que hacen es buscarse la vida en la mar. Al pescador hay que dejarle pescar, no es un criminal”. “En la reunión se ha hablado claro. Nos llevamos una buena impresión”, comentaba el patrón mayor.

En la parte política de la delegación sanluqueña, Carmen Álvarez denunció “el ataque que está sufriendo el sector pesquero de Sanlúcar, del Golfo de Cádiz y del conjunto de la provincia”.La portavoz municipal de IUresaltó que los 125 buques que conforman la flota sanluqueña en cuatro modalidades -arrastre, cerco, dragas y artesanal- suman 600 tripulantes y 80 armadores, además de generar más de un millar de puestos de trabajo indirectos. Igualmente, recordó que el puerto de Bonanza es el segundo más importante de Andalucía y su actividad, con cinco millones de kilos de capturas de venta en lonja al año y una facturación anual de más de 24 millones de euros, constituye “uno de los pilares económicos fundamentales” de la ciudad.

Desde su punto de vista, “es inadmisible que se esté legislando sin medidas objetivas y reales que respondan a la situación del sector y también del medio ambiente”. En este sentido, y dado el plan propuesto por la Comisión Europea, Álvarez manifestó que la pesca de arrastre “es totalmente compatible con el medio ambiente”. “El tipo de pesca que se hace en esta ZEPA no es un problema, es pesca azul. Se pretende prohibir esta modalidad y, sin embargo, se permite que haya maniobras militares, a pesar de que son más perjudiciales para las aves, y también una masificación de transporte marítimo hacia Sevilla cargado de residuos tóxicos”, lamentó la diputada provincial.

Por su parte, el eurodiputado Manu Pineda quiso dejar claro, en primer lugar, el “compromiso absoluto e incondicional” de IU con el respeto al medio ambiente. “Nada de lo que proponemos conlleva flexibilidad a la hora de cuidar o no el medio ambiente. Esto es una prioridad absoluta. Lo que planteamos es que por medidas que, en nuestra opinión, son más burocráticas que técnicas, se está poniendo en peligro la actividad pesquera en Sanlúcar, que es fundamental en esta localidad, sin que haya informes técnicos que lo avalen”, explicó.

En palabras también de Pineda, “por supuesto, se tienen que proteger los fondos marinos, pero creemos que es un error dar el mismo tratamiento a un pequeño barquito que a una gran flota”. De ahí su petición a la Comisión Europea para que “lleve a cabo estudios más específicos sobre la zona, estudios más concretos sobre la morfología del Golfo de Cádiz para que las medidas que se tomen sean ajustadas a esa zona y no sean las mismas que se adopten para Irlanda o Galicia, porque son mares distintos”.

La agenda de la intensa jornada de trabajo planteada permitió incluso un encuentro con Javier Garat, sanluqueño que, entre otros cargos de responsabilidad, es secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche) y presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA).

Garat destacó, por un lado, que “he podido vivir algo que hacía mucho tiempo que no ocurría. El lunes, todos los ministros de Pesca de la UE rechazaron el plan de acción de la Comisión Europea que pretende prohibir la pesca de arrastre en el 30% de nuestros mares. Es algo que podemos calificar como histórico. No es habitual que todos se posicionen en contra de la Comisión Europea, al igual que ocurrió hace unos días en el Parlamento europeo, donde la mayoría de los eurodiputados manifestaron su rechazo a la propuesta”.

Asimismo, resaltó que “la reunión que promovimos las organizaciones europeas con los representantes de 15 gobiernos de la UE, incluyendo España, también fue muy satisfactoria. Por primera vez en mucho tiempo tengo esperanzas de que vamos a ganar esta batalla iniciada por algunas ONG conservacionistas”.

Garat mostró su “satisfacción” por la visita sanluqueña aludiendo además a la agenda de IU como “una iniciativa muy positiva que deberían imitar todas las cofradías de pescadores y asociaciones de armadores de España para poder contar la realidad de lo que ocurre en cada puerto pesquero”.

Las reuniones programadas en el Parlamento europeo abordaron otras demandas recogidas en una petición oficial de la cofradía sobre la situación de la flota local que detalla sus “amenazas y dificultades para mantener un sector tradicional y sostenible”. “Al igual que en muchos otros lugares de España y Europa, venimos sufriendo una serie de ataques, mala imagen, presunción de culpabilidad, exagerada normativa de control, etcétera, etcétera, que hacen muy complicado el día a día de los pescadores. Y es que existe una importante brecha entre la realidad de los puertos y la información que manejan políticos y legisladores”, señala.

En esta línea, critica que “el desconocimiento que existe en la administración pesquera en relación con la realidad del día a día de la flota, de los puertos, de las lonjas y demás se traduce en que la gestión y la regulación no tienen en cuenta aspectos tan importantes como las cuestiones socioeconómicas y laborales”. A su juicio, “es una cuestión de aceptabilidad institucional de la pesca, que debería incluir un mayor y mejor conocimiento de la realidad del sector, con más acercamiento a la actividad, mayor nivel de empatía y mayor protección del pescador como fuente de los alimentos más saludables”.

Así, los responsables de la entidad sanluqueña tuvieron también la oportunidad de exponer, entre otros asuntos, sus quejas sobre la obligación de desembarques y el reglamento de control que prevé la instalación de cámaras de vídeovigilancia en los barcos como “algunos de los puntos más desproporcionados y disparatados de una evolución normativa sin sentido”. Denunciaron, igualmente, que “la pesca viene sufriendo en los últimos años una presión sobre el desarrollo de la actividad en todas sus facetas por parte de la inspección pesquera como fruto de la PPC y las políticas de control de los estados, que a veces alcanzan niveles insostenibles”.

En definitiva, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar no desaprovechó la extraordinaria ocasión brindada en Bruselas.