La vivienda irregular de Sanlúcar sobre la que pesaba una orden judicial de derribo y que se aplazó a mediados del pasado mes de noviembre por una protesta vecinal ya ha sido demolida.

El despliegue del dispositivo de la Guardia Civil para hacer efectiva la ejecución de dicha resolución se inició sobre las tres de esta pasada madrugada, lo que, unido a la menor presencia de vecinos, evitó que se produjera una situación como la que se dio hace algo más de tres meses.

La familia afectada había convocado una concentración que, dadas las circunstancias, no tuvo el mismo efecto, dado el fuerte operativo de seguridad planificado en los accesos a la casa hizo el resto. Los vecinos se concentraron en la azotea de una vivienda próxima sin más opción que observar indignados la demolición de la misma. Durante el desarrollo de los trabajos de derribo, que comenzaron pasadas las nueve de la mañana, la familia se encontraba más cerca de la casa vigilada en todo momento por efectivos de la Benemérita.

Hasta la zona del Pozo de la Viuda, situada en el barrio agrícola de La Algaida, concretamente en las proximidades del campo de fútbol, se desplazaron decenas de agentes de la Guardia Civil con apoyo policial, fundamentalmente de la Policía Local, y también de efectivos del Cuerpo de Bomberos.

Las protestas vecinales empezaron en noviembre, cuando la demolición tenía fecha fijada. Operarios y maquinaria de una empresa de derribos tenían entonces el encargo de ejecutar los trabajos necesarios, pero acabaron desistiendo al toparse con la concentración vecinal en la zona entre numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

La familia afectada, una pareja de pensionistas con hijos y nietos, ha venido solicitando sin éxito al alcalde, Víctor Mora (PSOE), una vivienda social o alternativa similar, así como la exención de la sanción urbanística municipal, que afecta a uno de sus hijos y que, según asegura, asciende a 200.000 euros. La casa está denunciada desde su construcción hace 14 años.

En cuanto a la orden de derribo, está motivada por la sentencia firme en la que desembocó un procedimiento abierto por Costas argumentando que la vivienda se encontraba en una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, consideración que rechazaba la familia, si bien la acabó admitiendo como inevitable, de manera que en los últimos meses centró sus reivindicaciones en esas dos peticiones dirigidas al Ayuntamiento.

En el ámbito político, IU ha venido mostrado su apoyo a la familia exigiendo al alcalde que “no se esconda, muestre un poco de humanidad y empatía, y ofrezca a la familia una solución habitacional”. Su portavoz, Carmen Álvarez, que visitó la zona junto a otros responsables de esta formación política mientras se estaba ejecutando el derribo, dijo haber podido comprobar “la situación tan complicada que está atravesando desde el punto de vista social, económico y psicológico”. “La reclamación que viene haciendo en todo momento es la de que el alcalde la atienda”, ha insistido en las últimas semanas.

IU afirma haber comunicado a la familia que“hay que cumplir la legalidad vigente”, porque “es una edificación ilegal y tiene una orden de demolición”, pero sostiene que “ante este drama, el Ayuntamiento debe prestar más y mejor apoyo a la familia”.

Dirigiéndose a la coalición izquierdista, el Gobierno local PSOE-Ciudadanos exigió a Álvarez que “deje de engañar y de realizar falsas promesas a las personas afectadas por el derribo”. "El problema de las construcciones ilegales o de las ocupaciones de viviendas no se arregla con empatía ni con engaños, sino informando y asesorando de las gestiones que puede realizar el municipio en esta materia", aseveró en la polémica suscitada a mediados de enero.

“Desde que en agosto del año pasado se recibió el requerimiento judicial en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han mantenido tres reuniones con el abogado de la familia afectada, colaborando en todo momento con ellos y haciéndoles entrega de los informes tanto de Servicios Sociales como de Urbanismo que requirió el letrado”, explicó el Gobierno local indicando, además, que “se le informó que para acceder a una vivienda municipal debían estar inscritos como demandantes en el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento”.