Costa Noroeste

Protestas vecinales para impedir el derribo de una vivienda en Sanlúcar

  • La casa afectada, donde residen siete personas de una misma familia, se encuentra en la zona agrícola de La Algaida.

Rocío Becerra y su familia, junto a uno de los montones de residuos que cortan el acceso a su vivienda en señal de protesta.

Rocío Becerra y su familia, junto a uno de los montones de residuos que cortan el acceso a su vivienda en señal de protesta.

Decenas de vecinos de La Algaida, en Sanlúcar, se están concentrando estos días en el entorno de una vivienda irregular ubicada en la zona del Pozo de la Viuda sobre la que pesa una orden judicial de derribo.

La casa, en la que viven siete personas de una misma familia, incluido un bebé de 18 meses, tenía fecha de demolición para la semana pasada, entre los días 16 y 19 de noviembre, pero finalmente no se llevó a efecto. Este lunes, operarios y maquinaria de una empresa de derribos se desplazaron hasta el lugar para ejecutar los trabajos necesarios, pero finalmente desistieron al toparse con la protesta vecinal en la zona.

Numerosos agentes de la Guardia Civil y la Policía Local acudieron al lugar, situándose a lo largo de toda la vía de acceso a la vivienda desde la Calle Central de La Algaida. La manifestación vecinal cortó el Camino del Pozo de las Viudas con montones de neumáticos y otros residuos, dos de ellos con fuego incluido. De hecho, sendas dotaciones de bomberos se dejaron ver en la zona, pero no fue necesaria su intervención.

Según han explicado los vecinos afectados, la orden judicial de derribo está motivada por la sentencia firme en la que ha desembocado un procedimiento abierto por Costas argumentando que la vivienda se encuentra en una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, consideración que rechaza la familia. Además, uno de los hijos tiene que hacer frente al pago de una sanción urbanística municipal de 200.000 euros. La casa está denunciada desde su construcción hace 14 años.

Rocío Becerra, que vive en la casa junto a su marido, Manuel Gálvez, -ambos pensionistas- y sus hijos y nietos, se queja de que, más allá de promesas de una vivienda social o ayudas al alquiler, el Ayuntamiento no les ha facilitado hasta el momento ninguna alternativa, pese a que la familia no dispone de una segunda residencia y carece de recursos económicos.

“Nos dejan tirados en la calle”, asegura la vecina afectada, que se ha mostrado dispuesta a admitir la demolición de la casa, que ya está desalojada y “destrozada”, si el Consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, exime a su hijo del pago de la citada sanción. En este sentido, lamenta que el alcalde, Víctor Mora, “no dé la cara”. “Lo único que pido es un documento por el que se anule esa multa a mi hijo, porque es una injusticia”, ha insistido.

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