Chiclana ha vivido en los últimos meses un nuevo repunte de las parcelaciones ilegales en el término municipal. Consciente de esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado refuerzos en el Área de Disciplina Urbanística, encargada de controlar este tipo de construcciones, así como la aplicación de medidas cautelares no contempladas hasta ahora.

El cuerpo de inspectores urbanísticos seguirá trabajando sobre el terreno –algunos de ellos están trabajando horas extras ante el aumento de las denuncias-, siguiendo el protocolo habitual: Informe técnico, orden de paralización y precinto.

Sin embargo, Urbanismo cuenta ahora con varias herramientas de las que no podía disponer hace meses, todas ellas contempladas en la nueva Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), aprobada por la Junta el pasado mes de diciembre. Entre ellas, destaca la posibilidad de cortar el suministro eléctrico a los propietarios de las parcelas.

Pero las nuevas medidas cautelares van más allá del dueño del terreno y del tradicional quien la hace la paga. A partir de ahora, quien la anuncia, también. El Ayuntamiento ha empezado a vigilar también a las empresas encargadas de ejercer como intermediarios a la hora de publicitar esas parcelas.

El Departamento de Disciplina Urbanística ha abierto expediente a empresas que habían publicado anuncios de algunas parcelaciones ilegales ubicadas en su término municipal. Es una nueva posibilidad contemplada por LISTA: ahora las empresas intermediarias –generalmente inmobiliarias– que difunden la posibilidad de comprar también están en el foco.

Fue la Junta de Andalucía la que trasladó al Ayuntamiento que varios portales estaban dando este tipo de información. De momento, Urbanismo ha abierto tres casos de anuncios. “A partir de ahora si un portal publicitario, inmobiliaria o cualquier agente publicita una parcela o edificación ilegal debe saber que estará cometiendo una infracción”, explica la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González.

De momento se han incoado expedientes de dos tipos: por un lado, de restablecimiento de la legalidad urbanística y, por otro lado, de sanción económica. La ley LISTA contempla sancionar “los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier medio con indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o que induzca a error sobre su correcta aplicación”. Se trata de una infracción urbanística leve, pero con multas que van desde los 600 euros en el mejor de los casos a los 2.999 en el peor de los escenarios.

Tras la incoación de varios expedientes, algunos anuncios publicitarios han sido retirados por las empresas amenazadas de sanción tras ser notificadas por el Consistorio. Sin embargo, los portales afectados han presentado alegaciones planteando que “no se hacen responsables de lo que publican los particulares” en esas plataformas, según explica la delegada municipal del área de Urbanismo. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento amplía su capacidad de vigilancia y pone la lupa ahora también sobre los anunciantes. “Cualquier elemento publicitario, ya sea en Internet, en las redes sociales o por cualquier otra vía, se va a controlar”, añade la concejala, que ha anunciado en los últimos días un refuerzo y nuevas medidas en el área que vigila estas irregularidades en el término municipal.