El Partido Popular lleva su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas al pleno municipal del próximo 29 de octubre con una moción que pretende recabar el apoyo del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

La propuesta del PP busca que la Corporación apruebe manifestar "el firme compromiso del Ayuntamiento de Chiclana, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”, afirma la presidenta y portavoz popular, Ascensión Hita.

Asimismo, la iniciativa del PP chiclanero contempla que se inste al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.

Dentro de dicha medida, también se pretende conseguir el apoyo a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, así como dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Cabe destacar que la proposición de ley defendida por el Partido Popular introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Además, señala que refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.