El conflicto permanente que envuelve la relación entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina proporciona frecuentes episodios, la mayoría detrás del escenario. La destitución de Pina como miembro del Consejo de Administración del Cádiz CF en la junta de accionistas celebrada el pasado día 21 no fue sino la penúltima batalla de la guerra institucional que libran los dos desde hace tiempo.

El último capítulo hasta la fecha –habrá más en las próximas semanas, meses e incluso años- se produjo el lunes 24 en otra junta de accionistas, en este caso la de Locos por el Balón.

En esa asamblea quedaron de manifiesto una vez más las desavenencias entre los dos. Una parte, la de Vizcaíno, votó a favor a las cuentas anuales de Locos por el Balón. Otra parte, la de Pina, lo hizo en contra. Como cada uno ostenta la mitad la propiedad de esa sociedad, Vizcaíno considera que hubo un empate y ni se aprobaron ni se dejaron de aprobar. Pina entiende que no se aprobaron y que por tanto se produce una situación de bloqueo que acarrea consecuencias.

Pina asegura que reclamó en tiempo y forma a Vizcaíno a las cuentas de Locos por el Balón mediante diversos burofaxes y requerimientos pero que nunca le llegaron esas cuentas, ni siquiera durante el desarrollo de la junta de accionistas. Y Vizcaíno sostiene que las cuentas están auditadas y entregadas.

La cuestión es que Pina, al estimar que no se han aprobado las cuentas de Locos por el Balón y que por tanto existe un bloqueo de la sociedad, se dispone -si no lo ha hecho ya- a presentar una demanda judicial para solicitar la disolución de la sociedad que posee el paquete mayoritario de las acciones del Cádiz Club de Fútbol.

Las posturas son irreconciliables en todo lo que tiene que ver entre ellos y, lejos de la más remota posibilidad de un mínimo acercamiento, la lucha por el poder se halla en su punto más álgido. De hecho, se va a dilucidar en los tribunales.

La demanda de disolución que presenta Pina es el principio de, a priori, un largo recorrido judicial. La disolución de una empresa es un procedimiento complejo y habitualmente extenso si además alguna de las partes no está de acuerdo, como es el caso. Vizcaíno es contrario a la disolución y a la liquidación porque considera que está cumpliendo con su deber de administrador.

En cualquier caso, al tratarse de un proceso largo, el tiempo corre a favor del sevillano porque el proceso judicial podría prolongarse durante varios años y mientras sea el administrador único en principio no tendría problemas para continuar como presidente del Cádiz.

Locos por el Balón es propietario aproximadamente el 60 por ciento de las acciones de la entidad cadista. Vizcaíno es administrador único de Locos por el Balón, cargo para el que fue elegido por el propio Pina en los primeros meses de 2014, cuando mantenían una buena relación.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora hasta el extremo de que ahora van resolver sus diferencias insalvables en los juzgados. En toda esta contienda adquiere rango de relevancia el pacto de socios que ambos firmaron en el verano de 2016 -justo después del ascenso del Cádiz a Segunda División A-, que posibilitó la entrada de Pina en el club cuando dejó la presidencia del Granada. Los dos se acusan mutuamente de haber roto ese pacto y se reclaman cantidades millonarias.

Pina considera que Vizcaíno incumplió el pacto al retirarle las funciones delegadas en la gestión deportiva del club cuando fue imputado en la conocida como Operación Líbero. El murciano aprecia además otro incumplimiento en su reciente destitución como consejero del Cádiz. Todo ello lo traslada a los tribunales para reclamar compensaciones millonarias que ascienden a 7,5 millones de euros por serle retiradas las funciones en la gestión deportiva más otra cantidad por su obligado cese como consejero.

Vizcaíno también recurre al camino judicial para denunciar lo que estima como incumplimientos de Pina en su gestión y al considerar que ha sido engañado por el murciano. El sevillano le reclama a través de los juzgados 5 millones de euros por incumplimiento del pacto más otros 7,5 millones en concepto de indemnización.

El embrollo judicial está servido. Uno a otro y otro a uno. Se reclaman cantidades millonarias con la pignoración de sus acciones por medio como garantía del pacto entre socios. Eso significa que si un juez da la razón a una de las partes, la otra debería pagar la millonada que quedase estipulada o perdería sus acciones, que pasarían a manos del otro.