La situación económica e institucional del Cádiz es más que preocupante y ha llegado a una situación que si no es límite le falta poco. El presidente, Manuel Vizcaíno, busca dinero debajo de las piedras para poder acabar la temporada sin agobios y ha metido en un lío al club y a Locos por el Balón, del que no es propietario aunque ejerce como administrador único.

De nuevo ha recurrido a Doyen Sports como salvavidas, aunque la ayuda de esa sociedad tiene un coste que no es poco. En julio de 2015, Doyen concedió un préstamo a Locos por el Balón de 1,5 millones de euros, que a su vez se lo prestaba al Cádiz. La aportación inicial de Doyen fue 1.025.000 euros. Quedaban 475.000 pendientes pero Doyen pone condiciones para su entrega que colocan al presidente en una tesitura complicada. Cuando Doyen y Locos por el Balón firmaron el contrato de préstamo de 1,5 millones a primeros de julio de 2015 -al inicio de la pasada temporada-, una de las condiciones era que la sociedad que aportaba el dinero pasaría a tener el 20% de las acciones de la firma que posee la parte mayoritaria del Cádiz, algo que no se ha convertido en una realidad.

Doyen considera que Locos por el Balón no ha cumplido su parte y cuando Vizcaíno ha pedido esos 475.000 pendientes, la empresa ha exigido de manera inmediata ese 20% una vez consumada la ampliación de capital en la que ahora se encuentra inmersa el Cádiz.

Un abogado de Locos por el Balón y el consejero delegado de Doyen, Nelio Lucas, mantuvieron una reunión en la sociedad prestamista puso sobre la mesa las condiciones para inyectar ese cantidad de dinero.

Se puede entender que es una renegociación en la que Doyen, como prestamista, tiene la sartén por el mango y aprieta al entender que Vizcaíno no ha cumplido su parte. La devolución de ese 1,5 millones de euros, que con intereses sería una cantidad más elevada), tiene como plazo 2018 (en un par de años) y Doyen exige la pignoración de todas las acciones de Locos por el Balón como garantía de cobro porque ha perdido la confianza en Vizcaíno. El presidente nunca había reconocido que había firmado un acuerdo con Doyen hasta que Football Leaks destapó lo que era un hecho. Era un secreto a voces en el universo cadista. El problema no es sólo de Locos por el Balón, sino también del Cádiz, que tendría responsabilidad subsidiaria y debería devolver el dinero.

Vizcaíno tiene hasta la semana próxima para dar una respuesta y en el caso de que no acepte las condiciones, todo apunta a que Doyen interpondría una demanda contra el administrador único de Locos por el Balón y presidente del Cádiz por incumplimiento. Se podría romper el acuerdo y exigir la inmediata devolución del dinero prestado, algo que el Cádiz no podría afrontar. Podría incluso solicitar, vía judicial, la suspensión cautelar de Vizcaíno como máximo dirigente del club, algo de lo que sí se está ocupando David Buitrago, dueño de la mitad de las acciones de Locos por el Balón pero sin margen de acción porque Vizcaíno ejerce de momento todo el poder en esa sociedad.

Buitrago prepara una demanda penal contra Vizcaíno por estafa que incluirá la petición al Juzgado correspondiente de la adopción de una medida cautelar para apartar de la presidencia al sevillano por riesgo de quiebra y desaparición de la entidad cadista. En caso de prosperar, en un plazo estimado de dos meses un administrador judicial se haría cargo de la gestión del club.

La denuncia por estafa se basaría sobre todo en que cuando Vizcaíno firmó la opción de compra por parte de Buitrago del 50% de las acciones de Locos por el Balón, el pasado 28 de julio de 2015, aseguró que la empresa no tenía cargas económica, cuando en realidad ya había firmado un acuerdo de préstamo con Doyen en los primeros días desde ese mismo mes.

Buitrago se está moviendo además para propiciar la convocatoria de la junta de accionistas de Locos por el Balón. Había dado de plazo a Vizcaíno hasta el pasado 22 de diciembre para que la convocara, pero al no hacerlo el sevillano Buitrago acude a la vía judicial para que se pueda celebrar la junta de una empresa de la que tiene la mitad de la propiedad.