El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, incluye a Juan Carlos Cordero, actual director deportivo del Cádiz, como persona relacionada con los hechos delictivos de la denominada Operación Líbero ante las numerosas conversaciones grabadas entre este y Quique Pina que acreditan el conocimiento que Cordero tenía de las presuntas irregularidades en los fichajes de jugadores de las que supuestamente provienen ingresos no declarados por el investigado, así como de que Pina es el verdadero propietario de Calambur Intermediaciones, del club uruguayo IASA y otros negocios a través de terceros.

Además de esas conversaciones, se infiere que Cordero sería socio, junto con Quique Pina y Joaquín Vigueras, en el Lorca Deportiva -club de Segunda División B-.

Según el nuevo auto del juez, Cordero y Pina mantuvieron varias conversaciones en las que hablaron de la posibilidad de adquirir facturas de materiales de construcción y reformas con un doble objetivo. Uno, para minorar el IVA a pagar por el Lorca Deportiva. Dos, para la posible simulación de préstamos personales de ellos frente al club con el fin de justificar los reintegros de dinero que perciban desde este u otro club de fútbol cuando se produzca el traspaso de los jugadores y evitar el control financiero de La Liga. En una de las conversaciones entre Cordero y Pina, este último explica al director deportivo la manera en que lo hacía Gino Pozzo en el Granada utilizando el "fondo" (podría ser el fondo de inversión luxemburgués Fifteen Securitisation).

En el auto del magistrado se desgrana un entramado de sociedades opacas detrás de las cuales estarían Quique Pina y otros socios también investigados en la trama, entre ellos Gino Pozzo y Raffaele Riva. Este último ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional. El juez imputa al Granada como persona jurídica por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y riesgos fiscales en el Impuesto de Sociedades. En el auto se hace constar además que de la investigación desarrollada hasta la fecha se ha podido determinar que Quique Pina estaría vinculado con una serie de mercantiles instrumentales carentes de una actividad real administradas sobre el papel por terceros de su confianza (familiares y amigos) que habrían sido utilizadas para el cobro de salarios en los clubes de fútbol y comisiones derivadas de operaciones de traspaso de jugadores.

Udinese, Watford y Granada formaban en apariencia un triágulo mercantil cuyos rendimientos generados en la venta de jugadores se distrae de las respectivas Haciendas nacionales y van a parar al holding Fifteen Sucuritisation, conexionada con Gesapar y Kalmuna, propietarias reales del Udinese, también propiedad de Pozzo.

Según la investigación, Pina, en su etapa como presidente del Granada, recibía comisiones por traspaso de jugadores a través de una serie de sociedades instrumentales: Quique Sport, Calambur y ADGB. Estas sociedades serían utilizadas para ostentar la titularidad de bienes muebles e inmuebles de los cuales Pina sería el titular real.

Otra persona relacionada con los hechos es Juan Dólera, que mantiene relación profesional con Pina. Una de las conversaciones intervendidas entre ambos versa sobre la compra del club uruguayo IASA y la propiedad del Cádiz a través de Locos por el Balón.