Carpetazo a las escuchas

Las escuchas existen. El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, bromeaba en conversaciones telefónicas de sus artimañas para amañar partidos. El club alicantino logró el ascenso a Primera División, pero queda la sensación de que los métodos empleados no fueron del todo limpios. Las conversaciones han salido a la luz en una transcripción realizada por el diario El País, pero la Justicia ha decidido no facilitar las grabaciones ni al Consejo Superior de Deportes (CSD) ni a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al considerar que se trataría de una intromisión en la intimidad.

Si las cintas quedan guardadas en un cajón, como así parece que va a ocurrir, los supuestos amaños por parte del Hércules pasarán a ser un capítulo más de la negra lista de partidos comprados (con el presunto siempre por delante) que están en la boca de todos pero que se han quedado en nada. Un nuevo posible caso de corrupción en el mundo del fútbol quedaría sin ser castigado. Un nuevo culebrón de verano que termina cayendo en el olvido.

La sección primera de la Audiencia Provincial Alicante ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía en el que solicitaba la remisión a las autoridades deportivas de las cintas sobre la supuesta compra de partidos por parte del Hércules con la finalidad de que tanto el CSD como la RFEF pudieran investigar las supuestas infracciones. El tribunal considerar que remitir las grabaciones supondría "vulnerar el deber de garantizar el derecho fundamental a la intimidad de las personas".

El asunto había llegado a la Audespués de que el Juzgado de Instrucción número 7 destimara la solicitud de la Fiscalía. En el auto emitido ayer, la Audiencia no ve procedente entregar a las organismos deportivos las converaciones (obtenidas durante el transcurso de la investigación judicial del denominado caso Brugal), y resalta la "posibilidad investigadora" de las administraciones deportivas, que "cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones grave". La Audiencia le viene a decir a CSD y RFEF que si de verdad quiere llegar al fondo, que lo haga por su cuenta.

La pregunta que surge ahora es si los órganos deportivos que deben velar por la limpieza de las competiciones se van a quedar de brazos cruzados tras la resolución o van a seguir intentando conseguir las pruebas que al parecer existen. Todo apunta a la primera opción, según se desprende de los últimos movimientos realizados tanto por el CSD como por la Federación.

El hecho de que las grabaciones no salgan del ámbito judicial frena en buena medida la posibilidad de que el CSD y la RFEF tomen cartas en el asunto de manera contundente. La Federación, a través del Comité de Competición, anunció anteayer la apertura de una "información reservada" tras la denuncia presentada por el Cádiz, pero también advirtió de que no actuaría si no se resuelve el recurso de apelación contra el auto denegatorio de las grabaciones. Es decir, que si no se entregan las cintas, carpetazo al asunto y aquí no ha pasado nada a no ser que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, demuestre con hechos que quiere llegar hasta el final y siga recurriendo a instancias judiciales superiores para intentar conseguir las grabaciones.

El club amarillo podría haberse beneficiado si el órgano federativo hubiera sancionado al Hércules en base al artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla la posibilidad de la pérdida de categoría de los clubes implicados en el caso de amaños de partidos.

Con la resolución de la Audiencia de Alicante, las escasas esperanzas del Cádiz de seguir en Segunda se van al traste. Y más con la postura adoptada ayer por la Liga de Fútbol Profesional, que cordó no abrir expediente al Hércules por presuntas irregularidades.

El CSD también se agarra al asidero de la Justicia para seguir adelante. Lissavetzky esperaba ayer un fallo "cuanto antes del juez" para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tengan acceso a las grabaciones. "Si llegan pruebas, la situación tiene muchas posibilidades de ir hacia delante", aunque recalcó que respetaría que la Justicia diera sus razones en contra, y que están siendo "rigurosos".

La Audiencia Provincial de Alicante rechaza la remisión de las grabaciones porque sostiene que "quebrantaría la privacidad de las personas". Además´subraya que esas conversaciones "ni siquiera debieron acceder al sumario en que se descubrieron", ya que "todo descubrimiento que se obtenga durante el curso de una intervención telefónica autorizada de forma judicial que no presente caracteres de delito debe relegarse a la esfera de la intimidad". En resumen, si no es delito no debe utilizarse. Y delito no lo será hasta diciembre.