Todavía pendiente el realojo las familias de Javier de Burgos, 19, la "casa de los horrores" de la Sareb en Cádiz
La diputada de Sumar Esther García de Reboleño da por hecha la reubicación de tres de las cinco familias, dos de ellas en Cádiz, pero el Sindicato de Inquilinas y la portavoz de los afectados lo niegan
"No hemos visto ni pisado las casas de Cádiz, ni mucho menos tenemos todavía ningún contrato; hasta ahora son solo palabras", afirma Kahoula Ben Kassem
Vecinos de Javier de Burgos, 19: "Esto es insostenible, queremos una solución pronto en Cádiz porque somos de Cádiz"
Aunque puede que estén cada vez más cerca, continúa sin cerrarse una solución para las cinco familias que todavía habitan en la denominada "casa de los horrores", una finca propiedad de la Sareb en el número 19 de Javier de Burgos, en la capital gaditana. Este lunes 21 de julio desde Sumar Cádiz daban por hecho el inminente realojo de tres de ellas, dos en Cádiz y una en San Fernando.Pero desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, que asiste a los afectados, lo han negado, y siguen defendiendo y luchando por el realojo de todos ellos. "No hemos visto ni pisado las casas de Cádiz, ni mucho menos tenemos todavía ningún contrato; hasta ahora son solo palabras", ha dicho a este periódico Kahoula Ben Kassem, vecina que está haciendo de portavoz de todos ellos y afiliada al sindicato.
Un 51% de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria es de propiedad estatal y depende del Ministerio de Economía, concretamente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
"Tres de las cinco familias residentes en el número 19 de la calle Javier de Burgos serán reubicadas por la Sareb, tras la intervención de la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño. La Sareb, propietaria del inmueble, ha garantizado a las vecinas y vecinos que, una vez rehabilitado el edificio, podrán regresar a sus viviendas con contratos de alquiler social", aseguraba hoy esta formación política a través de un comunicado.
"El proceso de realojo contempla distintas ubicaciones: dos de las familias serán realojadas en la capital gaditana, en las que se adaptarán los espacios mientras están ya habitando. Una tercera, se trasladará a San Fernando mientras duren las obras de la finca. Las otras dos familias de Javier de Burgos han rechazado las alternativas habitacionales ofrecidas por la Sareb; aun así, la sociedad seguirá buscando soluciones que se adecuen a estos inquilinos", añadían.
Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz no tardaron en responder con otro comunicado negando tajantemente que se haya alcanzado un acuerdo y solución para las vecinas y vecinos de Javier de Burgos 19. "Tras la noticia publicada y anunciada desde la formación política Sumar y la diputada Esther Gil, el Sindicato de Inquilinas, organización que representa a las inquilinas e inquilinos de la finca, niega que se haya acabado el conflicto que se inició hace varios meses", sostienen.
"Gracias a la organización y lucha de las habitantes de la finca, se logró abrir una vía de negociación directa con Sareb, tal y como anunció el sindicato. Tras semanas de negociación por la imposibilidad de las familias de marcharse a San Fernando, y la negativa por parte del Ayuntamiento de ofrecer cualquier realojo en Cádiz, se han logrado avances importantes", subrayan desde el colectivo.
"El anuncio de Sumar entorpece las negociaciones"
Sin embargo, desde la organización sindical, insisten en negar que se haya llegado a ningún acuerdo firmado con Sareb y que las familias hayan sido realojadas o vayan a serlo. "No hay nada firmado, ni ningún acuerdo que ahora mismo garantice el derecho a la vivienda de esta familias", aseveran María Sánchez y Clara Lamas, portavoces del sindicato. "El anuncio hecho público por Sumar, entorpece las negociaciones y responde a un intento de proteger a la Sareb, que depende del Gobierno central, la cual actúa como un fondo buitre más" concluyen tajantemente.
"No hemos visto nada por escrito. Ni siquiera hemos podido ver las dos viviendas que ahora ofrecen en Cádiz",afirma Khaoula Ben Kassem, una de las afiliadas del sindicato y portavoz de la finca en lucha y del resto de vecinos afectados. "La de San Fernando no se ajustaba a las necesidades de una familia con cuatro hijos. Tampoco sabemos si vamos a poder vivir en las de Cádiz a la vez que las están rehabilitando", dijo a este periódico. "Hasta ahora lo que tenemos son solo palabras y no daremos nada por hecho hasta que no tengamos nuestros contratos", añadió.
"El conflicto no acabará hasta que todas las familias tengan garantizada una vivienda digna"
Desde el Sindicato de Inquilinas aclaran que "el conflicto no ha terminado ni acabará hasta que todas las familias tengan garantizada una vivienda digna, con un compromiso real de realojo en Javier de Burgos 19 y con contratos de alquileres sociales sin cláusulas abusivas, que denuncian como práctica habitual de Sareb en sus contratos".
"La solución real a las familias vendrá de la organización popular y de la movilización ciudadana, no por parte de quienes por activa o por pasiva permiten que la crisis de vivienda siga siendo uno de los principales problemas para toda la población trabajadora", concluyen.
En el comunicado de Sumar Cádiz, la diputada por la provincia agradece expresamente "el apoyo de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la ciudadanía movilizada, destacando su papel en la visibilización del conflicto y el acompañamiento a las familias. Este avance ha sido posible gracias al impulso conjunto de muchos actores. Los colectivos han jugado un papel fundamental manteniendo viva la presión social, y al mismo tiempo, ha sido clave la voluntad política de la Sareb y de Sumar. Afortunadamente, hoy podemos ofrecer una respuesta concreta y digna a estas familias”, añade Gil de Reboleño.
Por último, la diputada de Sumar por Cádiz "lamenta la falta de implicación del Ayuntamiento de Cádiz que, según denuncia, no ha ofrecido alternativas habitacionales o de acompañamiento a estas familias. Finalmente, gracias a la mediación institucional ejercida por Sumar, se ha logrado un acuerdo que evita el desalojo forzoso ygarantiza el futuro regreso al inmueble en condiciones dignas”.
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