El SAS reconoce una negligencia médica y acuerda indemnizar con más de 261.000 euros a la familia de un paciente fallecido en Cádiz

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reconocido de forma expresa su responsabilidad patrimonial por una negligencia médica en el fallecimiento de un paciente malagueño de 56 años, intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. La Dirección Gerencial del SAS ha dictado una resolución estimatoria por la que se acuerda el pago de una indemnización de 261.207 euros a la esposa y al hijo del paciente en concepto de daños y perjuicios, cuantía que será abonada conjuntamente por el propio SAS y por su aseguradora, Relyens.

El paciente falleció el 20 de junio de 2019 a consecuencia de un infarto agudo de miocardio, tras años de seguimiento cardiológico insuficiente pese a los antecedentes de una cirugía cardíaca compleja. El procedimiento ha sido tramitado por el abogado Damián Vázquez, especialista en derecho sanitario y colaborador jurídico de la Asociación El Defensor del Paciente, quien ha anunciado que se interpondrá un recurso contencioso-administrativo al considerar que la indemnización reconocida es insuficiente. Según el letrado, la resolución “supone un precedente relevante en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria en Andalucía”.

Los hechos se remontan al 14 de febrero del año 2000, cuando el paciente fue sometido a una intervención de sustitución valvular aórtica mediante la implantación de una bioprótesis, a causa de una insuficiencia aórtica masiva infectada. Tras la operación, los facultativos dejaron constancia expresa de la necesidad de realizar un seguimiento cardiológico periódico mediante ecocardiogramas anuales, dada la complejidad de la cirugía y la obligación de vigilar la evolución de la prótesis.

Durante varios años, el control clínico fue adecuado. Sin embargo, en los ecocardiogramas de febrero de 2015 y mayo de 2016 ya se detectaron signos claros de deterioro de la bioprótesis, como el aumento moderado de gradientes y la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Pese a estos hallazgos patológicos documentados, no se realizaron nuevas pruebas diagnósticas durante casi tres años, incumpliendo los protocolos de seguimiento establecidos.

La última revisión cardiológica documentada tuvo lugar el 23 de octubre de 2017. En ella, el paciente refirió fatiga acentuada con el esfuerzo y presión arterial elevada. Aunque se dejó indicado que debía realizarse un nuevo ecocardiograma al año siguiente, esta prueba nunca llegó a practicarse, quedando el paciente sin control cardiológico efectivo durante un prolongado periodo de tiempo.

El 20 de abril de 2019, tras casi tres años sin seguimiento adecuado, el paciente ingresó de urgencia en el Hospital Punta de Europa de Algeciras en estado crítico, con una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Las pruebas realizadas entonces confirmaron una degeneración severa de la prótesis aórtica, con calcificaciones, doble lesión aórtica grave e hipertensión pulmonar severa, patologías que, según los informes médicos, habrían podido detectarse con antelación si se hubiera mantenido el control prescrito.

Aunque fue incluido en lista de espera para un recambio valvular urgente, el paciente fue dado de alta de forma prematura sin que la intervención llegara a realizarse. En las semanas siguientes acudió en repetidas ocasiones a urgencias por episodios cada vez más graves de insuficiencia cardíaca, siendo nuevamente dado de alta el 12 de junio de 2019 pese a presentar signos objetivos de descompensación hemodinámica. Ocho días después, falleció en su domicilio.

El dictamen médico-legal incorporado al expediente, elaborado por los servicios de inspección médica del propio SAS, ha sido determinante para el reconocimiento de la responsabilidad administrativa. En él se concluye que, de haberse realizado el seguimiento cardiológico adecuado, el deterioro de la bioprótesis se habría detectado a tiempo para efectuar un recambio valvular en mejores condiciones clínicas, evitando el desenlace fatal.

Desde la Asociación El Defensor del Paciente, su presidenta Carmen Flores ha expresado su solidaridad con la familia y ha reclamado que esta resolución sirva como punto de inflexión para mejorar los protocolos de seguimiento clínico en pacientes con patologías crónicas complejas. La asociación subraya que el caso pone de manifiesto las graves consecuencias del incumplimiento de controles médicos básicos dentro del sistema sanitario público.