Entre 1814 y 1820 tuvieron lugar en España una serie de pronunciamientos militares de significado liberal contra el absolutismo de Fernando VII.

Poco a poco, el Gobierno personal del Rey fue creando un progresivo descontento conforme fueron pasando los años. A partir de 1818, la crisis se fue agudizando por la muy grave situación económica y el caótico estado de la Hacienda. A todo ello no fue ajeno el proceso emancipador de los territorios españoles de América, muchos de ellos ya abiertamente independientes respecto a la metrópoli. Así, cuando dos años antes arribaron a Cádiz las infantas María Isabel y María Francisca de Asís, futuras esposas de Fernando VII y de su hermano Carlos, el gobernador de la ciudad, marqués de Casteldorius, pidió en su discurso de bienvenida medidas urgentes para evitar "la ruina que amenaza a este desgraciadísimo comercio". No obstante, el ya entonces ministro de Asuntos Exteriores, José García de León y Pizarro, en un claro e inusual ejercicio de autocrítica, señalaba que a la insurrección de Hispanoamérica habían contribuido entre otros factores "un sentimiento patrio mal entendido y el pernicioso espíritu exclusivo mercantil, en especial de la orgullosa Cádiz".

La Masonería en acción

Con todo, conviene matizar que hasta 1818 estos pronunciamientos responden más bien a una sucesión de acciones aisladas, reflejo del descontento de una minoría y sin unos planteamientos bien definidos como fueron los casos de Espoz y Mina, Porlier, Richart y Lacy. Todos ellos fueron fuertemente reprimidos por el Gobierno, pagando con su vida la mayor parte de los responsables. Sin embargo desde 1818 en adelante esta actividad conspirativa adquirirá una nueva dimensión, con una trama más cohesionada y mejor organizada, que se iría extendiendo progresivamente por el país.

A partir de aquí, Cádiz será el epicentro de buena parte de esta conjura destinada a restablecer la Constitución de 1812, abolida por Fernando VII en 1814 a su regreso de Francia, donde había permanecido retenido por Napoleón durante toda la Guerra de la Independencia. Por entonces, los conjurados contaban ya con un brazo ejecutor tan oculto como efectivo: la Masonería, que, coincidiendo con el restablecimiento de la Inquisición, había sido objeto de una implacable campaña en su contra que culminaría con el edicto de 2 de enero de 1815, promulgado por el inquisidor general, Mier y Campillo, que la prohibía y la condenaba. No sabemos hasta qué punto el protagonismo de la masonería, bien magnificado por casi toda la bibliografía del siglo XIX, fue tan intenso en este proceso como se cuenta, pero lo cierto es que su presencia fue incuestionable. Ya en los años de las Cortes, las alusiones a la masonería en la prensa gaditana de la época fueron relativamente frecuentes, la mayor parte de las veces de forma satírica, cuando no con cierto aire reservado, sobre todo en el Diario Mercantil.

En 1817, el núcleo rector masónico no radicaba en Madrid, sino en Granada, al parecer bajo la supervisión del conde de Montijo, aunque sobre esto hay ciertas dudas. Fue precisamente el fusilamiento del general Lacy, nacido en San Roque en 1772, lo que puso en cuestión la participación masónica hasta el momento en todo este complejo entramado de conspiraciones. Los que lograron huir de esta conjura se refugiaron en Gibraltar, desde donde establecieron contacto con los masones de Algeciras, aunque no parece que la Logia Gaditana, presidida por el oficial de la Armada, Joaquín de Frías, represaliado por liberal en 1814, se mostrara muy entusiasta en apoyarlos. La cuestión de fondo no era otra que las dudas sobre el compromiso que el propio Lacy pudiera tener entonces con la masonería.

Lo cierto es que en 1818 la implicación masónica fue más decidida, contando con el respaldo y la afiliación cada vez mayor de los liberales. Por su parte, en julio de ese año, el teniente coronel Juan Van Halen, nacido en San Fernando en 1788, se encontraba en Inglaterra tras huir en Madrid de forma rocambolesca de la prisión donde se hallaba, acusado de masón y traidor al rey. Permaneció en contacto con los exiliados españoles, entre ellos algunos ex diputados de las Cortes de Cádiz, que se encontraban allí esperando la ocasión propicia para volver a España.

El inestimable testimonio de Alcalá Galiano

Disponemos, entre otras fuentes, para seguir el hilo de los acontecimientos con el valioso testimonio del gaditano Antonio Alcalá Galiano, hijo del brigadier de la Armada don Dionisio, muerto en el combate de Trafalgar. Siempre inquieto, con inclinaciones literarias y muy interesado desde muy joven por la política, su nombre aparece, junto al de Argüelles, en el monumento dedicado a las Cortes de Cádiz en la plaza de España. Se trata de un error histórico, fruto del desconocimiento o de una concesión al chovinismo local, habida cuenta de que Alcalá Galiano nunca fue diputado en aquellas Cortes. Ni tan siquiera contaba con la edad mínima exigida para ello (25 años).

En ese año de 1818, se encontraba en Madrid camino de Brasil, recién nombrado secretario de la legación de España, cuando su partida fue interrumpida por la repentina muerte de la reina, Isabel de Braganza. Volvió en ese compás de espera a Cádiz, donde quedó impresionado por cómo "estaba todo preparado para un levantamiento", porque el general José O'Donnell, al mando de las tropas allí acantonadas, estaba decidido a pedir al rey volver a la Constitución de 1812. Tengamos en cuenta que tan solo unos meses antes, el propio Alcalá Galiano pensaba que "la masonería española aún no estaba resuelta a obrar activa e inmediatamente contra el Gobierno".

En contacto con otros jóvenes gaditanos, también afiliados a la masonería como los hermanos Istúriz, Tomás y Francisco Javier, Mendizábal y el decano del Colegio de Abogados, Domingo Antonio de la Vega, participó muy activamente en la revolución que se preparaba, consistente en impedir el embarque para América del Ejército destinado a combatir la insurrección. Aunque los acontecimientos se precipitaron en los llamados sucesos de El Palmar del Puerto, ya en 1819, con un buen número de detenciones de oficiales implicados en la conjura (Quiroga, Arco Agüero...), lo cierto es que las tropas nunca saldrían de Cádiz. Sin embargo, la revolución puesta en marcha, aunque momentáneamente abortada, volvería poco después con más fuerza si cabe. El 1 de enero de 1820 el comandante del batallón de Asturias, Rafael del Riego, se alzó contra el gobierno en Las Cabezas de San Juan, en lo que pareció una acción impulsiva destinada al fracaso. Fue entonces cuando diversas ciudades como La Coruña, Barcelona o Cádiz se fueron sumando a este alzamiento, de forma tal que dos meses después al rey no le quedó mas remedio que aceptar la nueva situación y la Constitución de 1812.

Todo ello se ilustra de forma suficientemente explícita en su ya famosa frase del 7 de marzo: "Marchemos y francamente yo el primero por la senda constitucional".