Pocas ciudades del país ofrecían a la altura de 1868 mejores condiciones que Cádiz para que los planes de los que conspiraban contra la monarquía borbónica salieran adelante sin obstáculos de relevancia. En primer lugar, vivía en la ciudad una población descontenta por la decadencia económica que se arrastraba de décadas anteriores y de la que no se dudaba en culpar a los distintos gobiernos que había nombrado la reina Isabel II.

A esta depresión económica, que tenía sus orígenes a principios del siglo XIX, cuando se produce la emancipación de las colonias españolas de América y se pierde gran parte del comercio que se mantenía con el otro lado del Atlántico, había que sumar la crisis financiera de 1866 y una importante crisis alimenticia que se abatió sobre las clases populares a principios de 1868, que obligó al Ayuntamiento a tomar medidas como las de repartir quinientos bonos de pan gratis a los más necesitados durante los meses de febrero y marzo, tasar el precio de la hogaza, para evitar su subida y crear una serie de "cocinas populares" en los barrios más humildes de la ciudad. Y es que la quiebra financiera de las principales instituciones de crédito había arruinado a muchos pequeños y medianos comerciantes e industriales, que se vieron obligados a cerrar o paralizar sus talleres y fábricas, enviando al paro a decenas de trabajadores. Un desempleo que se incrementó cuando también se suspendieron, por falta de dinero, las obras de la traída del agua potable y la fábrica de gas. El principal periódico de la ciudad, el Diario de Cádiz, por ejemplo, abría su primer número del año 1868, dibujando un dramático panorama: "Cádiz nada produce; su única riqueza es la propiedad urbana; el comercio ha llegado al último grado de paralización y la numerosa clase media que vive de su movimiento y la clase trabajadora que encuentra en él su existencia, se ven reducidas a la escasez y miseria, que procuran ocultar, aunque en vano, bajo el manto de una prosperidad pasada".

Junto a este descontento ciudadano, que tuvo como último hito la liquidación forzosa de la Sociedad Gaditana de Crédito, también a principios de 1868, habría que citar también las motivaciones políticas. El primer acuerdo fundamental que hubo para derribar a la monarquía isabelina se firmó en la ciudad belga de Ostende a mediados de 1866 por los líderes de los demócratas o republicanos y los del Partido Progresista. Sin embargo, estos dos grupos se mostraron incapaces de conseguir el objetivo último que perseguían por las fuerzas de las armas porque la influencia que tenían en los altos mandos del Ejército y la Marina era más bien limitada, como se pondría en evidencia en las frustradas intentonas que protagonizan hasta 1868. El panorama cambió cuando a este pacto se une la Unión Liberal a finales de 1867, el partido centrista que tenía al general Serrano al frente y que contaba con una notable presencia en el mundo militar. No por casualidad en la Bahía de Cádiz quedaron anclados en víspera de la insurrección, e implicados en la misma, una docena de barcos de la Armada, cuyos jefes estaban liderados por el brigadier unionista Juan Bautista Topete.

En tercer lugar había una razón logística. Cerca de Cádiz se encontraba la colonia inglesa de Gibraltar, convertida desde los tiempos de Fernando VII, en un refugio de liberales y nido de conspiraciones y que ahora había sido escogida por el general progresista Juan Prim como el primer puerto de su regreso a la Península, antes de llegar a Cádiz, después de embarcarse en Londres, el 12 de septiembre, acompañado por otras relevantes figuras de su partido. Y Cádiz era también la ciudad peninsular más próxima a las islas Canarias, donde estaban deportados los principales jefes militares unionistas, que no tardarían en llegar también en barco.

Finalmente, como se vería en las elecciones que se celebrarían a mediados de enero de 1869, probablemente fuera en Cádiz donde más implantación había alcanzado en el mundo de los trabajadores el Partido Demócrata -uno de los firmantes en el Pacto de Ostende-, gracias a un asociacionismo parapolítico, que una y otra vez burlaba la vigilancia represiva de los últimos gobiernos moderados. Esta hegemonía demócrata en la provincia gaditana es lo que explicaría -en parte- que fueran dos de sus dirigentes más conocidos -Fermín Salvochea y el jerezano José Paúl- los contactos que Prim tiene desde su exilio con el resto de los militares y políticos implicados en el conspiración y los que aportan la base ciudadana que se une a los militares sublevados, para asegurar el triunfo de la revolución en las calles de la ciudad. Y estos militantes demócratas son los que crean el ambiente prerrevolucionario que se palpa en Cádiz en las vísperas del levantamiento, como recordaría pocos meses después Eduardo Benot, una de sus figuras más destacadas, en un debate parlamentario que se celebra el 26 de febrero de 1869. Diría entonces: "Desde mucho tiempo antes de la revolución de septiembre, se hacía en Cádiz por los individuos más celosos del partido democrático una propaganda activa y eficaz. Se había desarrollado un espíritu de proselitismo extraordinario. La prensa clandestina no cesaba de repartir el credo democrático, y el óbolo del pobre bastaba siempre para pagar el papel de la impresión, porque lo moldes de plomo jamás se distribuían. El pensamiento revolucionario no dejaba dormir a nadie, y había una tendencia extraordinaria hacia una revolución en la ideas".

Con estos condicionamientos previos, el triunfo de la revolución que se iniciaba el 18 de septiembre estaba más que garantizado en la capital y en las ciudades más importantes de la provincia.