Disuasoria. Esa es la palabra clave que define a la propuesta planteada por Ciudadanos, y aprobada por unanimidad en el último pleno municipal, para erradicar el incivismo de algunos propietarios de perros. La medida puede parecer un tanto surrealista. Fantástica, si uno se pone en plan escéptico, pero no es nada nuevo ni inventado por este grupo político. Analizar el ADN de los excrementos de los perros para identificar a sus dueños es una iniciativa exitosa en otras poblaciones españolas con el mismo problema. Dice el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, que en Játiva (Valencia) la reducción de deposiciones caninas en las calles se cifra en el 80 por ciento. En Huelva. En Vitoria. Y en Málaga y Los Barrios (Cádiz) ya se han iniciado los trámites. Disuadir, esa es la cuestión. Hablando en plata, nada más conocerse públicamente la primera multa, que según la Ordenanza de Tenencia de Animales en Cádiz asciende a 900 euros, los habituales incívicos se lo pensarían, y mucho, antes de dejar en la calle el regalo de sus perros. "Como procedimiento ha sido muy efectivo en la mayoría de los casos. Es un sistema infalible. Se ha puesto en marcha en ayuntamientos gobernados por distintos partidos", explica.

No hay otra solución que la de tocar el bolsillo de los insolidarios. Actualmente, como señala Pérez Dorao, "la única manera de sancionar es que un policía local pille in fraganti al incívico, un escenario muy poco habitual y con escasas posibilidades de éxito". Asegura que por seis euros se puede hacer un análisis. Aunque fuese mucho más caro, bastarían dos o tres análisis, los primeros, para asustar a los incívicos y eliminar el deporte local de esquivar cacas.

La propuesta de Ciudadanos es que los propietarios de los animales al momento de censarlos se vean obligados a aportar una muestra de ADN que quedase registrada en una base de datos. Esta muestra se podría obtener, entre otras posibilidades, a través de la vacunación obligatoria. Además, que el coste del análisis lo financie el propio infractor a través del pago de la multa, que no suponga un coste para los vecinos que no tienen perros. La moción llevada a Pleno por Ciudadanos concreta en primer lugar modificación del artículo 28 de la Ordenanza de Tenencia de Animales, para incluir la obligación de los propietarios de aportar una muestra de ADN al momento de censar el animal en los servicios municipales, y del artículo 54. 3º.e), para añadir el coste del análisis a cargo del infractor. Luego, la apertura de un periodo de información pública para que los colectivos y los ciudadanos puedan aportar sus propuestas para la implementación de este servicio. También el inicio de una campaña de concienciación y sensibilización dirigida a los propietarios de los perros, fomentando que recojan las cacas. El servicio se pondría en marcha después de un concurso público para su adjudicación.

"Habría, claro está, un periodo transitorio porque una ordenanza no se puede cambiar y aplicar de forma inmediata. Un tiempo para ponerse en marcha y revisar el censo de perros", aclara Pérez Dorao.

En Játiva, como en Cádiz, el método de la 'motocaca' no ha dado resultados. El éxito de la prueba del ADN en este municipio valenciano no ha estado exento de polémica. Enrique Perigüell, concejal de Medio Ambiente, del PP, se vio obligado a dimitir al destaparse que, un mes antes de impulsar él mismo la iniciativa y convertirla en obligatoria en la Ordenanza de Tenencia de Animales, había creado una empresa "especializada en la elaboración de censos de ADN de animales para su control de heces por parte de organismos oficiales".