Los propietarios del polígono exterior de la Zona Franca se han constituido en una asociación que engloba a 38 dueños de naves. Esta sociedad, que está presidida por Juan Manuel Gargallo y tiene la dirección del despacho de abogados Toboso & Asociados, afirma que se ven obligados a dar este paso por “el deterioro continuado de sus propiedades y a desarrollar sus respectivas actividades en clara desventaja competencial”.

Esto es, a juicio de este colectivo, “ante tan evidente dejadez de los responsable del recinto durante décadas, habida cuenta de la prevalencia e impunidad con que la Administración ha ejercido su actividad en estos terrenos, llevándolos a un estado lamentable de conservación”.

Esta asociación de propietarios también ha querido salir al paso de las manifestaciones realizadas por el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, por los proyectos de expansión y el plan de urgencias para actuar en el polígono exterior. Así, aseguran que los propietarios no han tenido ningún tipo de acercamiento para solventar “los numerosos problemas existentes y el estado deplorable en el que se encuentra el recinto exterior de la Zona Franca de Cádiz, del que con tanta ligereza hablan”.

Aseguran que desde el Ayuntamiento “ni siquiera se está cumpliendo con los requisitos básicos de salubridad, vigilancia y seguridad en el recinto exterior”, lo que supone “una clara desventaja” con el recinto fiscal.

Los propietarios lamentan que cualquier inversor que quiera instalarse en el polígono exterior y gastarse el dinero en acondicionar una nave se encuentra, por un lado, con que las infraestructuras están en una situación deplorable y después, cuando van a pedir la licencia, “se encuentran que sólo reciben una en precario por la situación actual del PGOU”. A ello se le une, además, que cualquiera puede leer “las amenazas de expropiaciones por parte del delegado”.

La asociación también están en desacuerdo con las declaraciones como las que hizo Fran González acerca de que en la parcela de Hiper Cádiz y la manzana contigua había habido opciones de inversores privados para entrar en esos planes “pero siempre se ha chocado con unas pretensiones económicas por parte de los propietarios muy encima de los de los precios del mercado”.

Los dueños aseguran que a ellos les han hecho ofertas por sus naves entre 400 y 600 euros el metro cuadrado , “cuando en Tahivilla la propia Zona Franca lo vendía a 1.200 euros y ellos pagaron en Tabacalera a 1.160”.

Así, esta entidad recientemente constituida asevera que “es totalmente falso que hayan ofrecido precios de mercado e incidimos en que, a juzgar por su manera de actuar, en la Administración prevalecen la fuerza y el oscurantismo ya que, intentan comprar por un precio irrisorio y ponen todo tipo de trabas a los propietarios que desarrollan allí su actividad”.

Ellos dudan de la buena fe por parte de la Administración “ya que el simple hecho de hablar de expropiación forzosa sin una causa justificada de utilidad pública, al menos comunicada a los propietarios, pone en tela de juicio sus intenciones y devalúa considerablemente un sector muy castigado y último reducto de la actividad industrial de Cádiz, cuyos derechos y oportunidades se han reducido a mínimos en las últimas décadas”. Así, creen que hablar de expropiaciones forzosas “no es el camino”.

No obstante, aseguran que tienen la mano abierta y creen “conveniente facilitar, construir y edificar sobre la base industrial que tenemos”.