La promotora gaditana propietaria del suelo de las antiguas Casitas Bajas de Cádiz ha trasladado al Ayuntamiento la propuesta de construir ellos mismos las viviendas de protección pública que Procasa pretende levantar en la zona.

Aunque todo este terreno es de propiedad privada, la norma urbanística que afecta a la unidad de ejecución donde está incluido reserva al Ayuntamiento y a su empresa municipal el 70% del suelo, como aprovechamiento resultante de todo el conjunto.

Esta norma afecta directamente a los intereses de la promotora, que compró el 100% del suelo hace más de dos años y que desde entonces intenta construir en la parcela, atendiendo a lo ya previsto por el Plan de Ordenación Urbana.

Como ya adelantó este diario, el Ayuntamiento se ha ido negando en estos años a dar el visto bueno a esta iniciativa urbanística, aduciendo su interés por construir VPO y no solo renta libre como prevé el PGOU.

El gobierno municipal también rechazó la posibilidad que le planteó la empresa de comprar ésta el aprovechamiento del suelo que ha beneficiado al Ayuntamiento, aportando 7 millones de euros "que Procasa podría destinar a construir VPO en otros terrenos de su propiedad".

"Nos parece injusto que siendo dueños de los terrenos, se nos niegue adquirir los derechos urbanísticos que necesitamos para construir la edificabilidad que el propio PGOU establece para los mismos", se afirma en una carta que la empresa ha remitido al área de Urbanismo.

Se incide también que "nos parece no solo injusto, sino también arbitrario que se nos niegue (esta posibilidad) bajo el argumento de que piensan cambiar el uso para hacer vivienda protegida, cuando exactamente eso mismo podrían haberlo hecho con sus terrenos del sector hermano de Cooperativa, y han hecho todo lo contrario: no solo no han construido viviendas protegidas, sino que las han vendido para hacer viviendas libres a una tercera empresa (el Grupo Abu)".

Como una alternativa para poder activar este proyecto y ante la intención del gobierno municipal de gestionar su parte del suelo para levantar VPO, la promotora ha trasladado al Ayuntamiento la propuesta de que "estaríamos dispuestos a promoverlas directamente nosotros, integrándolas en un proyecto unitarios".

La empresa se compromete, en caso de aceptar el gobierno local esta última propuesta, "a empezar las obras en un plazo de dos meses desde que nos concediesen la licencia de Obras", evidenciando la agilidad que podrían meterle al proyecto de las VPO, frente a los años de espera que acumulan la casi totalidad de las operaciones públicas en la ciudad.

En todo caso, se advierte que nada se puede hacer, ni la promoción de renta libre en toda la parcela, ni la división en tres de la misma, incluyendo VPO y libre, "si el Ayuntamiento no aprueba el inicio de la iniciativa urbanística, que es el primer paso para construir lo previsto por nosotros o para reparcelar el terreno. Llevamos desde hace más de dos años planteando el inicio de esta operación y no hay respuesta. Ni incluso para hacer lo que quiere el Ayuntamiento, como ya han dicho públicamente, lo cual es otra contradicción más".