El gobierno municipal se juega mucho el próximo pleno, el 26 de noviembre, con la presentación por segunda vez de su plan contra la turistificación, pues es uno de los proyectos más relevantes de su programa electoral que viene a completar, en parte, la reordenación urbana del casco histórico ya en marcha.

Tras el fiasco que supuso el primer debate, en julio de 2020, cuando el PSOE dio la sorpresa al votar en contra de este documento, similar al desarrollado en Sevilla donde gobierna este partido, el equipo de José María González llega a la sesión plenaria a menos de una semana antes de la misma, sin tener claro cuál será el sentido del voto de los socialistas. Si éste mantiene su negativa ya difícilmente podrían sacar esta iniciativa en lo que queda de mandato corporativo, que concluye en mayo de 2023.

En el último medio año varios han sido los encontronazos del gobierno local con el grupo municipal del PSOE, y con especial incidencia, y dureza, con su portavoz Mara Rodríguez.

La falta de conexión entre ésta y el equipo de Kichi, y sobre todo con el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, sobre el que ha recaído la elaboración de este proyecto, ha impedido por lo menos hasta ahora llegar al debate con un acuerdo entre las dos formaciones de la izquierda, por lo que su aprobación está más que el aire.

Por el contrario, sí se han mantenido las líneas abiertas con la dirección local del PSOE, con la que las posturas están más cercanas. Fuentes socialistas indican que su grupo municipal debería de apoyar la propuesta del gobierno municipal, aunque está por ver si Rodríguez y los suyos aceptan esta petición/orden.

Martín Vila, en conversación con este diario, aún mantiene la esperanza de que el PSOE “recapacite. Más allá del posicionamiento partidista está la ciudad”, recordando que “están en silencio desde el pasado julio. Cada vez que le hemos requerido para hablar sobre este proyecto hemos recibido silencio como respuesta. En estos meses, tiempo han tenido para realizar cualquier matización”, destacando que el plan municipal bebe del proyecto del Ayuntamiento socialista de Sevilla, aunque en clave más ambiciosa y garantista.

Si el proyecto sale finalmente adelante, será únicamente el primer paso administrativo en un proceso que aún tendrá por delante la obligación de trasladar el plan a diversas administraciones para su análisis además de abrir un tiempo de exposición pública. Si todo el calendario se cumple de forma estricta la norma entraría en vigor sobre el mes de mayo de 2022.

Cuando el pleno apruebe la modificación del PGOU de forma inicial, se iniciará un plazo de suspensión de licencias que estará en vigor hasta la definitiva aprobación del documento a mediados del año que viene.

Durante este tiempo, por lo tanto, no se podrán conceder licencias turísticas que hoy estén fuera del ordenamiento urbanístico.

Cuando se levante este veto, sí se podrán pedir licencias para usos hoteleros (hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos) allí donde lo permita en el Plan (en edificios con catalogación 0 y 1 de protección), mientras que las VFT se limitarán únicamente a zonas donde no se superen los límites impuestos por el Ayuntamiento. Hoy el casco antiguo está totalmente saturado, por lo que solo quedaría Puerta Tierra.El edil de Urbanismo tiene claro que este proyecto tiene una visión rotundamente ciudadana.

“El urbanismo se debe plantear en favor de las personas. Esta actuación supone actuar sobre el desarrollo turístico modificando el PGOU con el objetivo de adecuar las normas a las necesidades de la ciudad y sus ciudadanos”, constata Martín Vila.

“Nuestro objetivo es alejar la especulación ligada al turismo y permitir que la gente pueda vivir aquí, y no expulsada por la presión turística”, recordando que ya hay más de 1.930 viviendas turísticas inscritas en la ciudad, que se restan al mercado residencial y que van en constante aumento mes a mes.

El gobierno municipal busca, dice, “alcanzar una oferta turística sostenida y sostenible, no un turismo de masas sino que se piense a largo plazo”. Sostenida con el planteamiento de crear más y mejor empleo en el sector hotelero, que se considera que se logra más en proyectos de hoteles o incluso de apartamentos turísticos, frente a la precariedad de las VFT.

En este sentido, considera que la ciudad ganará centrando esta nueva oferta en las fincas catalogadas con niveles de protección 0 y 1, imposibles de adecuar para viviendas adaptadas a las normas actuales, y que podrían evitar su ruina física reconvertidas a este uso hotelero.

“Este modelo que defendemos ha chocado por el defendido por PP y Ciudadanos, e incluso por el PSOE, que apuesta por un desarrollo sin ningún tope, que no solo genera problemas con la falta de vivienda para los gaditanos sino que atrae un empleo en precario e, incluso, dificulta que quienes trabajan en las VFT no pueden vivir en Cádiz por sus escasos ingresos y por la falta de viviendas”.

Frente a ello “defendemos un turismo de calidad, que sostenga en el tiempo el empleo y que a la vez permita mantener nuestro parque de viviendas”.

Un plan que iguala legalmente a todo el sector turístico

La modificación del PGOU y el plan contra la turistificación ha contado con el aval del secretario del Ayuntamiento de Cádiz, que ha elaborado un extenso informe jurídico en el que garantiza la legalidad de lo propuesto.

El propio informe advierte que “la velocidad a la que se desarrolla el sector y el incremento del número de viviendas que se dedican al uso turístico, concentrándose en su mayoría en el casco histórico, requiere un esfuerzo regulatorio desde una perspectiva más amplia del ámbito local”.

“En los datos actualizados del Registro Turístico de Andalucía, a fecha de noviembre de 2022, se observa como hay un incremento considerable de los umbrales recogidos por el estudio (mencionando al redactado en 2019 en cuanto al porcentaje de VFT respecto al uso residencial), tanto a nivel barrio como a nivel ciudad, viéndose como algunos barrios superan el 20%”.

Poniendo sobre la mesa éstas y otras cifras, como el incremento de 700 VFT en apenas un año, el informe jurídico avala que “se justifica la intervención municipal a través del planeamiento, con el fin de ordenar, y en su caso restringir, la implantación de nuevas VFT, al objeto de preservar la sostenibilidad de la actividad del hospedaje en la ciudad”.

“Así mismo, la modificación que se plantea se justifica para evitar la desigualdad de trato normativo sobrevenida por esa ausencia de tratamiento de las VFT en el PGOU de la ciudad, en relación con el resto de servicios de alojamiento turístico que sí están condicionados y sujetos a sus determinaciones, por lo que se generaría con su regulación una equidad en el tratamiento de todos los servicios”.