La seguridad de los trabajadores de Asuntos Sociales se limita en la actualidad a un vigilante de seguridad en cada uno de los centros repartidos en la ciudad. “Y no siempre hay agente”, precisan las profesionales, que llevan años reclamando medidas para que de alguna forma el desempeño de su labor se realice bajo las condiciones que debieran ser más normales.

Una de las grandes deudas que el Ayuntamiento -“el de ahora y el de antes”, puntualizan- mantiene con estas trabajadoras es el de la redacción de un Protocolo de Violencia que establezca con claridad cómo evitar incidentes y qué hacer cuando se produzca alguno. Lo cierto es que hace un tiempo comenzó a redactarse este protocolo, pero esa redacción ha quedado parada, y nunca más se ha sabido al respecto. “A día de hoy seguimos sin saber qué hay que hacer cuando hay un altercado en el centro, no sabemos quién tiene que llamar a la Policía, cuándo se puede ordenar el desalojo del centro, qué atribuciones tiene o no el vigilante...”, trasladan las afectadas.

Los técnicos de Asuntos Sociales insisten en que la figura del vigilante no es, ni mucho menos, la que garantiza la seguridad. Y lo explican: en la sede de la calle Zaragoza, por ejemplo, el vigilante suele estar en la planta baja, “pero no en la tercera”. “Y mientras que él se entera de que hay un problema arriba, sube y llega, pues hay tiempo de sobra para que te agredan o para que te tiren el ordenador al suelo, como ha pasado”, añaden. Por eso consideran vital ese protocolo de violencia, además de otra serie de medidas que en su día trasladaron al equipo redactor de ese protocolo.

Entre esas otras medidas, destaca la instalación de un botón del pánico en cada uno de los puestos de trabajo, para que puedan ser activados con aviso inmediato a la Policía cuando el trabajador esté en peligro; una nueva distribución de mesas y despachos “de forma que nos veamos unas a otras y sepamos siempre darnos cuenta cuando algo no vaya bien”; mayor seguridad en sus puestos de trabajo, para evitar la agresión física del usuario; o sanciones para esas personas que no respetan unas normas mínimas de civismo y protagonizan esos insultos, amenazas y agresiones que cada vez se repiten con mayor asiduidad en Asuntos Sociales.