Insiste muchas veces el alcalde de Cádiz -con toda la razón- en que el ayuntamiento es la primera puerta de las administraciones públicas donde llama la gente. Y dentro del Ayuntamiento, es el área de Asuntos Sociales la que desarrolla el trabajo más delicado, el de mayor gravedad, el que atiende y busca resolver los problemas de la gente que en peor situación se encuentra. Una tarea nada fácil que tiene toda una cascada de inconvenientes que trae consigo el usuario que acude a uno de los centros de la delegación; pero que al mismo tiempo está provocando otro auténtico infierno para aquellos que están al otro lado del mostrador, de la mesa o de la ventanilla. El sindicato UGT dio la voz de alarma hace unos días al denunciar “las amenazas, insultos e intentos de agresión” que vienen sufriendo desde hace años los trabajadores de Servicios Sociales; y esta denuncia no es más que la punta del iceberg de una situación que se ha convertido en habitual.

“En Servicios Sociales aguantamos de todo. Hemos tenido que salir escoltadas por la Policía Nacional, hay gente que nos ha apercibido por la calle, amenazándonos y gritándonos no sólo a las trabajadoras sociales, sino también a la conserje, o a la que está en la ventanilla”, narran las propias trabajadoras sociales como introducción del calvario que vienen soportando. De hecho, piden no ser identificadas por miedo a ser reconocidas por los usuarios y, al mismo tiempo, a poder recibir alguna represalia del propio Consistorio. “Hay que tener en cuenta que Servicios Sociales es una delegación que puede vivir muchas situaciones de violencia o de agresividad porque suele venir gente que está en situación de exclusión o de precariedad, lo cual comporta mucho nivel de estrés y cualquiera en cualquier momento puede perder los nervios”, intentan justificar estas trabajadoras, lo que se une en muchos casos a que se atienden a enfermos duales “que pueden venir hasta arriba de farlopa o de lo que sea”.

Con estos ingredientes haciendo malabares a diario sobre la fina cuerda que separa la cordura de la pérdida de papeles, estas trabajadoras (el 90% de la plantilla de Asuntos Sociales son mujeres) denuncian que las amenazas e insultos de los usuarios son contínuos. “Desde llamarte hija de puta hasta decirte: cuando te vea por la calle procura esconderte”, trasladan. Y, efectivamente, luego viene la calle, donde no es raro en una ciudad tan pequeña como Cádiz, “donde nos conocemos todos”, que trabajadora y usuario se crucen. “Ya no es solo que te paran por la calle para preguntarte qué tal la ayuda que está esperando o cuándo se va a resolver su expediente, que eso no es que sea normal pero se lleva. El problema es cuando vas por la calle y te insultan o te amenazan”, cuentan. Especialmente si hay familia y niños de por medio, como aseguran las técnicos que ha ocurrido en ocasiones.

Este problema que se repite con excesiva asiduidad en los despachos y pasillos de las sedes de Servicios Sociales va en aumento en los últimos años, según perciben los trabajadores. Cada vez más usuarios en una delegación muy limitada de recursos está ocasionando un recrudecimiento de la agresividad de aquel que no obtiene la ayuda que cree que le corresponde. Hasta tal punto llega la situación que hay usuarios que tienen dictadas órdenes de alejamiento de los propios funcionarios. “Se ha normalizado que se pierdan las formas y luego vengan a pedir disculpas; un comportamiento que no es lógico, pero que se ve normal. Sin embargo, hay usuarios que directamente son violentos”, explican. Una violencia que además suele ser reincidente en otros centros o servicios a los que acude ese usuario.

Condiciones de trabajo

¿Y cómo se vive día a día con esta inseguridad, con un trabajo en el que está en peligro incluso tu integridad física? “Casi todas somos mujeres allí; pues bien, si un día te pones mala con la regla y pides un tampax algunas tienen y otras no. Pero pides un ansiolítico y todas tenemos en el cajón”. Así de duro. De hecho, las trabajadoras reconocen que en la delegación son contínuos los episodios de ansiedad y también han sido numerosos los abortos. Todo ello fruto del elevadísimo nivel de estrés y de ansiedad que provoca sus trabajos.

A ello ‘ayuda’ también la delicada situación profesional de más de un centenar de profesionales que ni siquiera cuentan con reconocimiento en la plantilla municipal. “En la delegación seremos ahora unas 140 personas y el 80% somos funcionarios interinos que dependemos de subvenciones o programas anuales porque el Ayuntamiento no nos considera estructurales y sigue sin aprobar nuevas plazas”, explica una de las trabajadoras. Y la consecuencia de todo esto es directa: “No abusamos de médicos ni pedimos baja ni nada porque tenemos miedo a nuestras condiciones laborales; así que nosotros mismos nos apoyamos cada vez que se produce un altercado, nos damos una tila, salimos a la calle y nos consolamos entre nosotros mismos”. La situación es tal, que aseguran que la mayoría de insultos y agresiones tampoco derivan en denuncias al Juzgado porque no cuentan con la asesoría laboral del Ayuntamiento para ello. “Tenemos que presentarnos a título personal, contratar a nuestro propio letrado y dar nuestro nombre y apellidos”, resumen.

Ellas se enfrentan a los problemas más precarios del gaditano, a las situaciones más difíciles que un ayuntamiento pueda atender. Pero más allá de abordar esos escenarios y buscar las soluciones -“teniendo en cuenta que muchas veces gestionamos miseria y no podemos dar la respuesta que quisiéramos”, matizan-, al otro lado de los mostradores de Asuntos Sociales se está viviendo otro infierno provocado por la indefensión, la incomprensión y la agresividad de los propios usuarios. Un infierno ante el que la plantilla de la delegación clama soluciones.