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Cádiz

Un nuevo estadio para Cádiz: Zona Franca mantiene su defensa del suelo para la industria

Construcción de la tribuna del estadio en 2011.

Construcción de la tribuna del estadio en 2011. / Joaquín Pino

En el mismo sentido se pronunciaron desde Zona Franca, donde tampoco parecen dispuestos a perder suelo industrial en favor de un segundo estadio en la ciudad.

Aunque el delegado del Estado en el Consorcio, Fran González, prefirió no entrar en este debate y la posibilidad de contar con espacio para un nuevo campo de fútbol, esta institución mantiene desde el principio una postura muy clara sobre los usos que debe tener el suelo del recinto fiscal y los que ocupa el polígono exterior.

Así, el Consorcio defiende la necesidad de que Cádiz mantenga su actividad industrial, y para eso esta la factoría de Navantia y los terrenos de Zona Franca.

En este sentido, se sigue trabajando en la reurbanización de la antigua factoría de Altadis y diseñando la obligada reorganización del polígono exterior, en este caso en permanente diálogo con el Ayuntamiento y los propietarios de buena parte de estas naves.

En todo este proceso, se ha creado un equipo para buscar candidatos para ocupar el suelo de Altadis. Cabe recordar el esfuerzo económico que la Zona Franca está realizando en este suelo.

Primero, hace más de treinta año, cedió suelo a la ciudad para que en ella se instalase, sin coste alguno, la fábrica de Tabacalera, dejando así libre el edificio de la plaza de Sevilla; treinta años más tarde, con la tabaquera en manos de Imperial Tobacco, el Consorcio compró el que fue su suelo por 30 millones de euros y ahora realiza una inversión millonaria para sacarlo al mercado industrial. Es decir, parece poco lógico que el suelo acoja a un estadio.

En cuanto al polígono exterior, Zona Franca defiende la instalación de determinados equipamiento y la modernización de la oferta industrial, al estilo de la Zona Base Innovazul que ya se está ejecutando.

Más allá de ello, si la atomización de este suelo, con más del 85% en manos de pequeños propietarios, ya dificulta este plan de reordenación, provocaría una negociación de años y de alto coste económico ante la hipotética llegada de un estado, cuyo uso no está autorizado por el PGOU

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